El gobierno de Estados Unidos sancionó a 21 altos funcionarios venezolanos, acusándolos de participar en una campaña de represión tras las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador entre denuncias de fraude. Las medidas, anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, congelan los activos de los sancionados en territorio estadounidense y amplían restricciones de visa contra aliados del mandatario venezolano.
Entre los sancionados destacan: Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación; William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo; Daniella Cabello, hija del ministro de Justicia, Diosdado Cabello, y presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones; y, Alexis Rodríguez, director de la policía de inteligencia y primo de Cabello.
Estas figuras, junto con líderes de la guardia nacional y los servicios de contrainteligencia, son acusadas de ejecutar órdenes para reprimir violentamente protestas masivas, realizar arrestos arbitrarios y silenciar a opositores políticos.
Reconocimiento del presidente electo opositor
- UU. y el G7 han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, a pesar de que tuvo que huir a España tras recibir una orden de arresto emitida por el gobierno de Maduro. Según Washington, las elecciones no fueron libres ni justas, y el Consejo Electoral actuó para favorecer a Maduro, obstruyendo la transparencia.
Desde las elecciones, más de 2.400 personas han sido arrestadas y al menos 28 fallecieron en enfrentamientos durante las protestas contra el régimen de Maduro. Recientemente, el gobierno liberó a 225 detenidos, incluyendo menores, en lo que algunos interpretaron como un gesto conciliador. Sin embargo, las tensiones internas y externas persisten.
Con el mandato de Maduro terminando el 10 de enero, la administración entrante del presidente electo Donald Trump enfrentará decisiones críticas sobre cómo continuar la presión contra el régimen venezolano. Además, las promesas de Trump de deportar masivamente a inmigrantes latinoamericanos, incluidos venezolanos, podrían requerir negociaciones con Caracas.
Las sanciones más recientes subrayan el compromiso de Washington de apoyar la democracia en Venezuela, pero también resaltan la creciente complejidad de la situación política y humanitaria en el país.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
