El gobierno de España aprobó un plan para reducir la semana laboral a 37,5 horas sin reducción salarial, en un esfuerzo por modernizar el mercado laboral y mejorar la productividad. Sin embargo, la medida enfrenta desafíos en el Parlamento y la oposición de líderes empresariales preocupados por su impacto económico.
El plan fue impulsado por el gobierno minoritario de izquierda del presidente Pedro Sánchez, en cumplimiento del acuerdo de coalición de 2023 entre los socialistas y el partido de extrema izquierda Sumar. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la reducción como una herramienta clave para aumentar la eficiencia y dar mejores condiciones a los trabajadores.
“Se trata de ser eficiente en el trabajo. Esta medida da esperanza a los trabajadores y moderniza España”, afirmó Díaz en una rueda de prensa tras la aprobación del plan en el Consejo de Ministros.
El objetivo es implementar la reducción progresivamente hasta finales de 2025, afectando a más de 12 millones de trabajadores, principalmente en los sectores minorista, hostelería y agrícola. Actualmente, muchos empleados del sector público y de grandes empresas ya trabajan 37,5 horas semanales.
Resistencia de empresarios y obstáculos en el Parlamento
La medida no cuenta con el respaldo del sector empresarial. Los líderes empresariales argumentan que la reducción de la jornada podría afectar la competitividad, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio, donde la contratación temporal es alta y la presión laboral intensa.
Además, los empresarios temen que la reforma se implemente en un momento delicado. Aunque la economía española creció un 3,2 % en 2023, superando a otras economías europeas, el mercado laboral ha mostrado signos de fragilidad con un aumento del desempleo en enero.
El gobierno también enfrenta dificultades políticas para aprobar la medida en el Parlamento. A pesar del respaldo de los sindicatos, la iniciativa ha generado dudas en los partidos separatistas catalanes y vascos, aliados clave de la coalición, que representan sectores económicos influyentes y suelen favorecer posturas más empresariales.
¿Qué sigue?
La aprobación del plan en el Consejo de Ministros es solo el primer paso. Ahora, el gobierno debe negociar con los partidos en el Congreso para asegurar los votos necesarios y evitar que la medida se estanque en el proceso legislativo. Mientras tanto, el debate sobre los efectos de la reducción de la jornada laboral seguirá abierto.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
