El gobierno colombiano ha decidido revertir un polémico aumento en el precio del diésel que desató una huelga de camioneros, lo que, según analistas, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas del país. Al mismo tiempo, Ecopetrol, la empresa estatal de energía, ha comenzado a cerrar algunas de sus operaciones debido a las manifestaciones y ataques contra su infraestructura.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el gobierno había decidido echar atrás la medida que incrementaba el precio del diésel en 1.904 pesos (aproximadamente 45 centavos de dólar) por galón a partir de este mes. En su lugar, el gobierno propone aumentos más graduales de 200 pesos mensuales de septiembre a diciembre, mientras que los líderes de la huelga exigen aumentos más bajos, de 100 pesos mensuales.
Las protestas, que ya llevan cuatro días y han incluido bloqueos de carreteras, continúan afectando varias regiones del país. En Bogotá, la policía ha utilizado gases lacrimógenos y grúas para despejar algunas vías. A pesar de los esfuerzos del gobierno para negociar con los camioneros, las consecuencias económicas ya se están sintiendo.
Ecopetrol anunció que ha comenzado a cerrar la producción en varios de sus campos petroleros debido a la huelga y a recientes ataques contra oleoductos. El cierre de las operaciones en el campo de Caño Sur, por ejemplo, provocará una reducción de la producción de petróleo de unos 45.000 barriles por día. Además, la empresa se ha visto obligada a detener operaciones en otros cuatro campos.
Impacto fiscal y posibles consecuencias económicas
El subsidio gubernamental al precio del diésel, que ha mantenido el precio promedio en 9.065 pesos (2,16 dólares) por galón durante casi cinco años, representa un costo significativo para las finanzas públicas, estimado en unos 12 billones de pesos (2.870 millones de dólares) al año. La decisión de revertir el aumento de precios sugiere que el gobierno podría ceder a las demandas de los camioneros, pero podría generar consecuencias negativas para el panorama fiscal.
La huelga también plantea el riesgo de generar escasez de alimentos y otros bienes esenciales, lo que podría provocar un aumento en los precios y, en consecuencia, una aceleración de la inflación. Camilo Pérez, director de estudios económicos del Banco de Bogotá, señaló que la inflación de los alimentos podría incrementarse en un 0,6%, lo que elevaría en nueve puntos básicos la inflación total en el país este mes.
Este aumento en la inflación podría afectar las decisiones del Banco Central en cuanto a la política monetaria. Aunque el directorio del Banco ha recortado su tasa de interés en 50 puntos básicos en sus últimas cuatro reuniones, ubicándola en 10,75%, algunos analistas creen que una mayor inflación podría hacer que el Banco Central se muestre más cauteloso a la hora de continuar con los recortes de tasas.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
