En la provincia de Ontario, se debate el controvertido Proyecto de Ley 7, que permite que a pacientes ancianos dados de alta de un hospital, se les obligue a internarse en hogares de atención a largo plazo, que ellos no han elegido. Ante tal situación, varios colectivos que defienden la atención médica, han levantado su voz de protesta.
Una de ellas, es la Coalición de Salud de Ontario, que oficialmente ha impulsado un desafío constitucional contra el polémico Proyecto de Ley 7. Esta organización en conjunto con el Centro de Defensa de la Tercera Edad (ACE, por su sigla en inglés), solicitarán el denominado Desafío de la Carta.
La idea, es buscar un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Ontario, para anular esa ley, reportándola como una violación a la Carta de Derechos y Libertades. A pesar de esta legislación haber sido presentada a fines de agosto y aprobada el 21 de septiembre, recién el pasado domingo, se conocieron por completo los detalles.
La ley determina que desde ayer, los pacientes de los hospitales que no acepten ser trasladados a un hogar de cuidados a largo plazo, escogido por la administración, deberán abonar una tarifa diaria de 400 dólares. Las autoridades argumentaron que es la única forma de ayudar a aliviar las presiones de los hospitales.
Arguyeron que el sistema hospitalario de Ontario, está abrumado por las visitas de emergencia y por los retrasos en las cirugías que se arrastran desde la pandemia del COVID-19. Los defensores de la atención médica pública, dicen que la ley anula el consentimiento del paciente y podría enviar a las personas mayores en las regiones del norte, a una distancia de hasta 150 kilómetros de sus hogares y entorno familiar.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporter
