Tras su reciente victoria electoral, Donald Trump ha reiterado su enfoque en la inmigración como una de las principales prioridades de su próximo mandato, con promesas de implementar estrictas políticas que incluyen deportaciones masivas y la restauración de restricciones en la frontera. Durante su primera reunión con asesores en temas de inmigración, Trump dejó claro que tomará medidas decisivas para reducir la inmigración ilegal, lo cual ya está generando inquietud tanto en comunidades migrantes en Estados Unidos como en los países vecinos.
Planes de acción y leyes contempladas
Trump ha mencionado la posibilidad de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que data de 1798 y que permite al presidente deportar a ciudadanos extranjeros de naciones con las cuales Estados Unidos esté en conflicto. Aunque es una ley rara vez utilizada, Trump y su equipo han indicado que estudiarán la viabilidad de aplicarla para facilitar el proceso de deportación de miles de inmigrantes indocumentados.
El republicano también se ha referido al posible despliegue de la Guardia Nacional en algunos estados fronterizos para reforzar la seguridad, en colaboración con los gobernadores que compartan sus políticas. Según declaraciones de Stephen Miller, uno de sus principales asesores, algunos estados republicanos podrían enviar tropas a aquellos que no cooperen con la aplicación de estas medidas, intensificando la presión sobre gobiernos locales que podrían resistirse a colaborar con los nuevos lineamientos federales.
Se espera que Trump reactive varias políticas de su primer mandato, incluyendo la “permanencia en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano hasta que sus casos sean revisados en tribunales estadounidenses. Asimismo, analistas sugieren que Trump podría presionar a México para que continúe impidiendo que los migrantes se acerquen a la frontera estadounidense, aumentando la tensión en el país vecino.
Sin embargo, la aplicación de estas medidas también presenta desafíos importantes. Entre las preguntas abiertas se encuentran cómo identificar a los millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular, dónde se alojarían antes de ser deportados y qué medidas se tomarán si los países de origen se niegan a recibirlos.
Reacción de expertos y activistas
Activistas y expertos en derechos humanos han expresado su preocupación ante el posible restablecimiento de estas políticas, argumentando que podrían crear un clima de miedo y discriminación en las comunidades migrantes y afectar negativamente la economía de Estados Unidos. Se anticipa que los próximos meses traerán una serie de decisiones legislativas y ejecutivas que determinarán la dirección de la política migratoria en Estados Unidos, mientras las comunidades migrantes y sus defensores esperan con cautela los primeros movimientos de la administración entrante.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
