La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por encabezar una investigación por trata y tráfico de personas que involucra al expresidente Evo Morales. Gutiérrez, quien trabajaba en la región de Tarija, afirmó que su despido ocurrió después de que se le pidió que abandonara el caso contra Morales, lo cual rechazó. Según la exfiscal, su destitución fue una represalia directa por su negativa a dejar de investigar.
No obstante, el Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, justificó la salida de Gutiérrez por supuestos “errores de procedimiento” y “negligencia”. Aseguró que la investigación en contra de Morales sigue su curso. Gutiérrez explicó que había emitido una orden de aprehensión contra Morales, la cual fue invalidada por otros fiscales, sin ofrecer más detalles debido a la naturaleza sensible del caso, que involucra a una menor de edad.
El expresidente Morales, desde el Chapare, donde reside actualmente, respondió a la acusación en su cuenta de X, calificándola como parte de una persecución en su contra. Aseguró que no tiene miedo y que no se dejará silenciar por las acusaciones.
Por su parte, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió no politizar el caso, que se encuentra bajo reserva debido a que implica a una menor de edad. “A los niños no se toca, y esa es nuestra posición”, expresó Arce en declaraciones a la prensa, subrayando que la investigación seguirá su curso sin importar a quién afecte.
Otros casos de Morales
Esta no es la primera vez que se intenta vincular a Morales con denuncias de abuso o trata de menores. En 2020, el gobierno de la entonces presidenta interina Jeanine Áñez presentó acusaciones similares basadas en fotografías encontradas en el teléfono de una menor. Sin embargo, ninguno de los procesos ha avanzado hasta ahora. La defensa de Morales insiste en que estas acusaciones forman parte de una estrategia política para desacreditar al exmandatario, quien sigue siendo una figura clave dentro del oficialismo y ha expresado su intención de postularse para las elecciones presidenciales de 2025.
El conflicto interno dentro del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que Morales fundó, también es relevante en este caso. La relación entre Morales y el presidente Arce se ha deteriorado, y ambos mantienen una pugna por el control del partido. Morales ha acusado a Arce de orquestar una persecución política en su contra, mientras que Arce ha señalado a Morales de alentar protestas para desestabilizar su gobierno.
La controversia también ha generado cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia. El país se encuentra en medio de un proceso para elegir a su próximo Fiscal General y en diciembre se realizarán elecciones para seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Varios observadores y opositores han señalado la politización de la justicia como un problema grave, acusando al MAS de utilizar las instituciones judiciales como herramientas de control político.
La senadora opositora Andrea Barrientos calificó el caso como un “circo” político, mientras que el analista Marcelo Silva subrayó que la pelea entre Morales y Arce ha dañado profundamente la institucionalidad democrática del país. Silva también enfatizó la importancia de una investigación seria y transparente, dada la gravedad de las acusaciones contra Morales y su impacto en la imagen pública del exmandatario.
El caso ha cobrado aún más relevancia en medio del reciente anuncio del presidente argentino Javier Milei de retirar el estatus de refugiado político a Morales, el cual le había sido otorgado por el expresidente Alberto Fernández en 2019 tras su salida de Bolivia en medio de protestas por presunto fraude electoral.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
