La reducción anunciada por el gobierno esta semana en la cifra de desaparecidos en México ha generado preocupación entre los familiares de las víctimas, quienes temen que sus casos sean ignorados o eliminados de los registros oficiales.
Irma Orgen, quien ha liderado la búsqueda de su padre ante la inacción de las autoridades, descubrió que el nombre de su progenitor, Marco Antonio Orgen, no figura en ningún registro oficial desde 2017, a pesar de haber reportado su desaparición a las autoridades locales y federales.
Un estudio realizado por la organización local Data Cívica reveló que faltan 10.953 nombres en las nuevas versiones de los registros de desaparecidos, comparados con versiones anteriores. Esta discrepancia ha activado las alarmas de asociaciones humanitarias y familiares de desaparecidos, quienes han exigido al gobierno preservar los registros existentes y han solicitado intervención internacional para proteger los datos de las víctimas.
Jacqueline Palmeros, activista en búsqueda de su hija desaparecida, afirmó que, de no obtener respuestas favorables de las instituciones mexicanas, considerarán recurrir a instancias internacionales para hacer valer los derechos de los desaparecidos.
Raymundo Ramos, presidente de una organización de derechos humanos en Nuevo Laredo, exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU a pronunciarse sobre las denuncias de eliminación de nombres de desaparecidos y convocar a las autoridades mexicanas a abordar el tema.
¿Qué dicen las autoridades?
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han respondido al reporte presentado por Data Cívica. La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de realizar un nuevo censo de desaparecidos ha generado críticas y dudas sobre la transparencia de los registros oficiales.
Mientras el gobierno defiende una reducción en las cifras de desaparecidos, los registros oficiales muestran discrepancias, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indicando 115.000 personas desaparecidas y no localizadas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, atribuyó la reducción en las cifras al registro de personas localizadas, desestimando las acusaciones de manipulación de datos.
Para apoyar a los familiares de desaparecidos, Data Cívica presentó una plataforma digital que permite consultar y rastrear el estatus de búsqueda de una persona desaparecida. Según su directora, Mónica Meltis, esta iniciativa busca abordar las inconsistencias en los registros y la falta de transparencia en los procesos de búsqueda.
El problema de las desapariciones en México se ha exacerbado en las últimas décadas, con casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de los esfuerzos de las familias y las críticas hacia el gobierno, la situación de los desaparecidos en el país sigue sin resolverse completamente.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
