Una ley que prohíbe a los extranjeros comprar propiedades residenciales en Canadá entró en vigor este domingo, con el objetivo de poner más casas a disposición de los canadienses, que se enfrentan a una escasez de vivienda.
Ahora bien, varias excepciones en la ley permiten comprar casas a refugiados y residentes permanentes que no sean ciudadanos.
A finales de diciembre, Ottawa también aclaró que la prohibición sólo se aplicaría a las viviendas urbanas y no a propiedades recreativas como las casas de veraneo.
La medida temporal, de dos años de duración, fue propuesta por el primer ministro Justin Trudeau durante la campaña electoral de 2021, cuando la escalada de precios puso la compra de vivienda fuera del alcance de muchos canadienses.
“El atractivo de las viviendas canadienses está atrayendo a especuladores, corporaciones adineradas e inversores extranjeros”, señaló entonces su Partido Liberal en su plancha electoral.
“Esto está provocando un verdadero problema de viviendas infrautilizadas y vacías, especulación desenfrenada y precios por las nubes. Las viviendas son para las personas, no para los inversores”.
Tras su victoria electoral de 2021, los liberales introdujeron discretamente la Ley de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por No Canadienses.
Grandes mercados como Vancouver y Toronto también han introducido impuestos sobre los no residentes y las viviendas vacías.
A pesar de su reciente apogeo, el mercado inmobiliario del país se ha enfriado para los vendedores al seguir los tipos hipotecarios la agresiva política monetaria del Banco de Canadá en un intento de frenar la inflación.
Según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, los precios medios de la vivienda han caído desde un máximo de más de 800.000 dólares canadienses (590.000 dólares estadounidenses) a principios de 2022 a poco más de 630.000 dólares canadienses (465.000 dólares estadounidenses) el mes pasado.
