En un operativo masivo llevado a cabo por más de 100 agentes del gobierno, respaldados por inteligencia militar, las autoridades filipinas allanaron el sábado un complejo turístico en la ciudad de Lapu-Lapu, en la provincia central del país, y detuvieron a 162 personas, en su mayoría ciudadanos chinos e indonesios, involucrados en operaciones ilegales de juego en línea y estafas cibernéticas. La redada forma parte de una campaña más amplia del gobierno contra las operaciones ilegales de juego en línea, ordenada por el presidente Ferdinand Marcos Jr.
El complejo allanado, el Tourist Garden Resort, cuenta con múltiples edificios, piscinas, bares de karaoke y restaurantes. Según la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado, se encontraron tres “granjas de estafas” separadas dentro del complejo. Estas granjas estaban involucradas en una variedad de esquemas fraudulentos, que incluyen estafas de amor, juegos e inversiones en línea, que han defraudado a víctimas por grandes sumas de dinero.
La operación fue iniciada en respuesta a una solicitud de la Embajada de Indonesia en Manila, que pidió el rescate de ocho ciudadanos indonesios que supuestamente habían sido forzados a trabajar en el centro de juegos en línea. Los 162 detenidos incluyen 83 ciudadanos chinos, 70 indonesios, 6 personas de Myanmar, 2 taiwaneses y un malasio. Todos serán trasladados a Manila para ser investigados por la Oficina de Inmigración, y podrían enfrentar la deportación.
El propietario del complejo fue arrestado y podría enfrentar cargos criminales, incluido el de albergar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Las autoridades están considerando la posibilidad de presentar denuncias adicionales contra otros propietarios de complejos turísticos que permitan que sus instalaciones sean utilizadas por extranjeros para operaciones ilegales de juego en línea.
La decisión del presidente Marcos de prohibir las operaciones de juego en línea dirigidas por ciudadanos chinos, que atienden principalmente a clientes en China, fue bien recibida por Beijing. Se estima que más de 400 de estas empresas operan en Filipinas, empleando a decenas de miles de personas, principalmente de China y del sudeste asiático. La prohibición ha llevado al cierre de varios complejos, donde se sospecha que miles de trabajadores han sido reclutados ilegalmente y obligados a trabajar en condiciones opresivas.
Además de la redada en Lapu-Lapu, las autoridades filipinas también están buscando a Alice Guo, una alcaldesa destituida de una pequeña ciudad en la provincia de Tarlac, al norte de Manila. Guo, quien enfrenta acusaciones por sus presuntos vínculos con un gran complejo de juegos de azar en línea, aparentemente abandonó el país en julio y se cree que se encuentra en Indonesia. También ha sido acusada de ocultar su nacionalidad china para postularse a un cargo público, lo cual está reservado para ciudadanos filipinos.
Los senadores filipinos han señalado que la floreciente industria del juego en línea en el país ha sido posible en gran medida debido a la corrupción en las agencias reguladoras del gobierno y a grandes pagos a funcionarios.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
