Los jefes de nueve Primeras Naciones de Ontario, se dicen preocupados porque consideran que la ley federal conocida como Proyecto de Ley C-5 y la ley de Ontario denominada Proyecto de Ley 5, puedan conducir a la destrucción del medio ambiente.
De hecho, los jefes de dichas comunidades han recurrido a una impugnación legal contra ambas leyes y esperan que los tribunales las consideren inconstitucionales e impidan tanto al gobierno federal, como al de Ontario utilizar algunos de los aspectos más polémicos.
La insatisfacción de los jefes de las Primeras Naciones se debe a que el Proyecto de Ley C-5, le permite al gobierno federal aprobar rápidamente proyectos que cataloguen como de interés nacional, como minas, oleoductos y puertos, desconsiderando las leyes vigentes.
Por su parte, el Proyecto de Ley 5 de la provincia de Ontario, permite al gabinete del premier conservador Doug Ford, suspender las leyes provinciales y municipales a través de la creación de las denominadas “zonas económicas especiales”. Ambos proyectos desagradan profundamente a los líderes de las nueve Primeras Naciones litigantes.
Diálogo con el premier ministro
Con la intención de disipar las preocupaciones de los jefes de las Primeras Naciones, sobre la legislación que trata de proyectos importantes del gobierno federal, el primer ministro Mark Carney conversará con cada uno de ellos en una cumbre convocada para ese fin.
El cuestionado proyecto de ley, se tramitó rápidamente en el Parlamento y fue aprobado el pasado mes. Asimismo, fue modificado para exigir el consentimiento provincial para proyectos nacionales. Los jefes no aceptan la forma como se ha dado todo este proceso.
Para la Jefa Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Cindy Woodhouse Nepinak, sus derechos no pueden implementarse ni respetarse sin su participación, ni en el fondo ni en el proceso, declaró en un discurso en Ottawa. No pueden respetarse a posteriori, añadió.
Por su parte, la Corte Suprema había previamente dictaminado que las Primeras Naciones tienen todo el derecho a ser consultadas sobre proyectos en virtud de los derechos y títulos indígenas, no obstante, no tienen poder de veto final sobre la ejecución del proyecto.
A pesar de las discrepancias, el primer ministro Mark Carney ha aseverado que para la ejecución del proyecto de ley de grandes proyectos, la consulta con los representantes de los pueblos originarios, es fundamental. Estos han respondido que sin algunas enmiendas explícitas, es difícil confiar porque se trata de apenas una promesa.
A su turno, Cindy Woodhouse Nepinak, opinó que hasta que no se establezca un proceso adecuado basado en el consentimiento libre, previo e informado entre los titulares de derechos de las Primeras Naciones, no se cumplirán las obligaciones legales de la Corona.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporte
