La Oficina de la Comisionada de Derechos Humanos de la Columbia Británica, Kasari Govender, emitió un pronunciamiento en el que cuestiona el enfoque provincial hacia las personas que consumen drogas, señalando que las actuales medidas continúan reforzando estigmas y consideran problemas de salud como faltas morales. Según el organismo, esta perspectiva influye en políticas públicas que priorizan respuestas de justicia penal y atención involuntaria, en lugar de intervenciones basadas en evidencia sanitaria.
En los últimos meses, la provincia ha anunciado la expansión de centros de atención involuntaria y ha implementado reformas en el programa de suministro seguro de medicamentos, limitando el acceso a dosis para llevar y exigiendo supervisión directa durante el consumo. Estas medidas han sido objeto de análisis por parte de expertos en salud pública, quienes han destacado inconsistencias entre las políticas recientes y la evidencia científica acumulada sobre reducción de daños.
Desde 2016, Columbia Británica mantiene una emergencia de salud pública debido a la toxicidad del suministro de drogas no reguladas, que ha causado más de 16.000 muertes. Aunque las cifras de 2024 registran un descenso en los fallecimientos respecto al año anterior, la crisis continúa representando la principal causa de muerte entre personas de 19 a 59 años en la provincia.
Las muertes por consumo de drogas ilícitas alcanzaron 158 en septiembre, lo que representa una disminución cercana al 20% en comparación con el mismo mes del año previo. Aun así, la tasa de mortalidad diaria en septiembre se mantuvo en alrededor de 5,3 personas, lo que refleja la persistencia de riesgos vinculados al suministro ilegal altamente tóxico.
Recomendaciones para la política pública
El organismo de derechos humanos sostiene que la estigmatización del consumo de sustancias repercute directamente en la calidad de las políticas públicas y en la efectividad de las intervenciones sanitarias. En su posición oficial, propone priorizar estrategias de reducción de daños y ampliar el acceso a programas de suministro más seguros, señalando que estos mecanismos han demostrado reducir muertes y daños asociados al consumo.
La oficina también señala que la crisis actual está enmarcada en un modelo de prohibición, factor que contribuye a la presencia de sustancias altamente tóxicas en el mercado ilegal. En ese contexto, el organismo considera que el diseño de políticas debería centrarse en intervenciones basadas en evidencia científica, así como en la protección de la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
