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Colombia enfrenta desafíos jurídicos y políticos con Segunda Marquetalia en nueva mesa de diálogo

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El gobierno colombiano se prepara para afrontar nuevos desafíos jurídicos y políticos al establecer una mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, un grupo ilegal liderado por alias “Iván Márquez”, que retomó las armas tras el histórico acuerdo de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Después de más de un año de acercamientos, las partes anunciaron que la mesa formal se instalará el 24 de junio en Caracas. En un documento firmado, se describió una agenda que abarca el “desescalamiento del conflicto”, la construcción de territorios de paz y la atención a las víctimas. Sin embargo, no se incluyó cómo se tratará la situación jurídica de los integrantes del grupo ilegal en caso de alcanzar un acuerdo.

Luciano Marín, conocido como “Iván Márquez”, sigue siendo la figura más visible de la organización ilegal. En mayo, Márquez reapareció en un video después de meses de rumores sobre su posible muerte. Armando Novoa, jefe negociador del gobierno, señaló a The Associated Press que hay “retos complejos, pero no insuperables”, destacando el tratamiento jurídico de los miembros reincidentes como uno de los principales desafíos.

El ambiente político también es desfavorable, con una parte de la población colombiana escéptica ante las intenciones del grupo armado. La Segunda Marquetalia, formada en 2019 por excomandantes de las FARC, alega que el Estado incumplió el acuerdo de paz de 2016 al no proteger a los excombatientes y capturar a uno de sus líderes por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La posibilidad de una nueva mesa de diálogo ha suscitado preocupaciones sobre el trato a los grupos disidentes después de que el presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en ser elegido presidente de Colombia, otorgara a la Segunda Marquetalia un estatus político bajo su política de “paz total”, que incluye conversaciones simultáneas con varios grupos armados ilegales y bandas urbanas.

Sin embargo, el Estado enfrenta un impedimento para negociar y otorgar beneficios de justicia especial a quienes se desmovilizaron y continuaron delinquiendo, según el acuerdo de paz de 2016 y pronunciamientos de la Corte Constitucional. El acuerdo de paz con las FARC, aunque implementado con modificaciones tras ser rechazado en un plebiscito en 2016, aún enfrenta resistencia interna. Los exrebeldes que firmaron el acuerdo formaron un partido político y se sometieron a un tribunal especial con juicios en curso y posibles penas sin cárcel.

La estructura interna del grupo armado también representa un reto, ya que no está claro cómo se articulan los intereses de los diferentes frentes ni cuán cohesionados están para negociar. La Segunda Marquetalia cuenta con más de 1.788 miembros, según las Fuerzas Armadas, y opera en 65 municipios del país y en Venezuela, según autoridades colombianas.

Redacción de: Karen Rodríguez A.

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