Mientras varias provincias canadienses decidieron flexibilizar temporalmente las reglas para que empleadores rurales puedan conservar una mayor proporción de trabajadores extranjeros en puestos de bajos salarios, Ontario optó por no participar.
La decisión podría afectar especialmente a empleadores y trabajadores de pequeñas comunidades que dependen del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, aunque no significa que los permisos vigentes queden cancelados ni que los trabajadores deban abandonar inmediatamente sus empleos.
Las medidas federales comenzaron a implementarse en distintas provincias desde abril de 2026 y permanecerán disponibles hasta el 31 de marzo de 2027. Sin embargo, la página oficial del Gobierno de Canadá señala expresamente que el Gobierno de Ontario no participa en ellas.
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¿En qué consiste la flexibilización?
Las reglas generales limitan al 10 % la proporción de trabajadores extranjeros temporales que un empleador puede contratar en puestos clasificados como de bajos salarios dentro de un mismo lugar de trabajo.
Algunos sectores considerados esenciales, como ciertas actividades de producción de alimentos, construcción y atención de salud, pueden estar sujetos a un límite del 20 %.
La medida temporal permite que los empleadores rurales elegibles de las provincias participantes:
- conserven la proporción de trabajadores extranjeros que ya tienen, aunque supere el límite habitual;
- y, en algunos casos, contraten hasta un 15 % de su fuerza laboral en puestos de bajos salarios, en lugar del 10 % ordinario.
La flexibilización se aplica a determinados lugares de trabajo ubicados fuera de las áreas metropolitanas censales y solo cuando la provincia o territorio ha solicitado participar.
Provincias como Manitoba, New Brunswick y Nova Scotia adoptaron medidas que permiten conservar trabajadores por encima del límite y elevar temporalmente el porcentaje permitido. Ontario decidió no hacerlo.
¿Qué cambia para los trabajadores de Ontario?
La decisión no elimina automáticamente un permiso de trabajo que ya se encuentra vigente.
Los permisos de trabajo y las autorizaciones migratorias tienen sus propios periodos de validez. Lo que cambia es la capacidad de algunos empleadores para presentar o renovar solicitudes de evaluación de impacto en el mercado laboral, conocidas como LMIA, cuando ya alcanzaron el máximo permitido de trabajadores extranjeros de bajos salarios.
Una LMIA positiva suele ser necesaria para que un empleador pueda contratar a un trabajador extranjero mediante este programa. Si la empresa supera los límites aplicables, el Gobierno federal puede negarse a procesar la solicitud.
Por lo tanto, el mayor riesgo aparece cuando:
- el permiso del trabajador está próximo a vencerse;
- el empleador necesita una nueva LMIA para conservarlo;
- la empresa ya alcanzó el límite de trabajadores extranjeros;
- y no existe otra vía migratoria o permiso de trabajo disponible.
No todos los trabajadores se verán afectados de la misma manera. La situación dependerá del sector, la ubicación del empleo, el porcentaje de trabajadores extranjeros en la empresa y las condiciones específicas del permiso.
Los puestos de bajos salarios también tienen una duración limitada
Desde las restricciones introducidas en 2024, los empleadores que utilizan la corriente de bajos salarios generalmente pueden contratar a un trabajador por un máximo de un año.
El Gobierno también puede negarse a procesar solicitudes para puestos de bajos salarios ubicados en áreas metropolitanas donde el desempleo sea del 6 % o superior, con algunas excepciones sectoriales.
Estas restricciones forman parte de la estrategia federal para reducir el uso del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales y disminuir la proporción de residentes temporales dentro de la población canadiense.
¿Por qué algunas provincias aceptaron y Ontario no?
El Gobierno federal creó la flexibilización argumentando que los empleadores rurales enfrentan dificultades particulares para encontrar trabajadores y que una aplicación estricta del límite del 10 % podría agravar la escasez laboral en comunidades pequeñas.
Cada provincia debía decidir si solicitaba participar. Hasta ahora, Ontario no ha publicado en la página federal una medida equivalente ni una explicación detallada de por qué decidió quedarse por fuera.
Esa ausencia plantea preguntas para sectores rurales que dependen de trabajadores extranjeros, especialmente aquellos que no están cubiertos por las excepciones del 20 %.
También abre un debate sobre si la provincia considera que existe suficiente mano de obra local disponible o si está priorizando la reducción del empleo temporal extranjero sobre las necesidades de determinados empleadores.
Qué debería hacer un trabajador preocupado
Un trabajador cuyo permiso esté próximo a vencer debería verificar primero:
- La fecha exacta de expiración de su permiso.
- Si el permiso está vinculado a un empleador específico.
- Si la empresa necesita obtener una nueva LMIA.
- En qué corriente del programa fue contratado.
- Si su ocupación pertenece a un sector con límite del 10 % o del 20 %.
- Si puede optar por otro permiso, una nominación provincial o una vía hacia la residencia permanente.
Es importante no renunciar ni abandonar el empleo únicamente por conocer esta noticia. La exclusión de Ontario de la medida no cancela permisos de forma general y cada caso debe analizarse individualmente.
Los trabajadores tampoco deberían pagar al empleador o a un reclutador por conseguir una LMIA. El Gobierno canadiense establece que los costos de reclutamiento y las tarifas correspondientes al proceso son responsabilidad del empleador.
Una decisión con impacto desigual
La medida federal fue diseñada específicamente para ayudar a comunidades rurales, pero la decisión de Ontario deja a sus empleadores bajo los límites ordinarios del programa.
Para algunas empresas, eso podría significar reducir contrataciones, encontrar trabajadores locales o modificar su operación. Para determinados trabajadores extranjeros, podría dificultar una futura renovación vinculada al mismo empleador.
Sin embargo, el impacto no será automático ni uniforme.
La pregunta que aún debe responder el Gobierno de Ontario es por qué decidió no utilizar una medida que otras provincias consideran necesaria para mantener funcionando sus economías rurales y qué alternativas ofrecerá a los empleadores y trabajadores que puedan resultar afectados.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
