La carta llegó sin previo aviso. En el encabezado decía lo que muchos no querían leer: que la solicitud de asilo presentada ante las autoridades canadienses podía no tener derecho a una audiencia completa ante el tribunal de refugiados. Al final, unas pocas líneas más directas: “debe salir de Canadá lo antes posible y confirmar su salida con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá”. Eso es lo que han recibido decenas de miles de personas en las últimas semanas como resultado de la nueva ley de inmigración conocida como Proyecto de Ley C-12.
Qué establece la nueva ley
El Proyecto de Ley C-12, oficialmente llamado Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y las Fronteras de Canadá, recibió sanción real el 26 de marzo de 2026 y es considerado uno de los textos de legislación migratoria que más rápido avanzó en la historia reciente del Parlamento canadiense.
La ley introduce dos criterios principales que pueden hacer que una solicitud de asilo ya no sea enviada al Tribunal de Refugiados (Immigration and Refugee Board, o IRB por sus siglas en inglés). El primero: quienes entraron a Canadá de manera irregular a través de la frontera terrestre con Estados Unidos y tardaron más de catorce días en presentar su solicitud de asilo. El segundo: quienes ingresaron a Canadá por primera vez después del 24 de junio de 2020 y esperaron más de un año para hacer su reclamación. Estas disposiciones se aplican de forma retroactiva a solicitudes presentadas desde junio de 2025.
Las cartas ya se enviaron
A partir del 12 de abril, el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) comenzó a enviar lo que se conoce como “cartas de equidad procesal” a unas treinta mil personas cuyos casos podrían verse afectados por las nuevas reglas. Las cartas advierten que la solicitud puede ser declarada inelegible para una audiencia ante el IRB y otorgan un plazo de veintiún días para presentar información adicional que pudiera cambiar esa determinación.
A quienes sean declarados inelegibles se les redirige hacia un proceso alternativo llamado Evaluación de Riesgo Antes de la Remoción (PRRA), un mecanismo más limitado con menores posibilidades de éxito que una audiencia completa ante el tribunal.
El impacto en personas reales
Entre quienes recibieron estas cartas hay personas de diversas partes del mundo, incluyendo casos ya documentados por medios canadienses: familias que cruzaron la frontera con Estados Unidos huyendo de situaciones de violencia o persecución, y personas que desconocían los plazos específicos que ahora establece la ley. La CBC reportó el caso de un donante de riñón originario de Gaza que llevaba meses esperando una resolución y ahora se encuentra en una situación de incertidumbre legal.
Organizaciones de defensa de los derechos de los refugiados han pedido al gobierno que revise la aplicación retroactiva de estas disposiciones y que garantice un proceso justo para todas las personas afectadas. Para quienes están en esta situación, el plazo de veintiún días es el tiempo disponible para presentar cualquier argumento adicional ante las autoridades. La asesoría legal especializada en inmigración es crucial en estos casos
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
