El gobierno federal decidió suspender la prohibición planificada de exportar plásticos de un solo uso, argumentando que los aranceles y los problemas en la cadena de suministro están generando una presión significativa sobre la economía nacional. La medida se dio a conocer a través de un aviso publicado el sábado en la Gaceta de Canadá, que abrió una consulta pública de 70 días para no avanzar con la restricción a las exportaciones.
Según el gobierno, el beneficio ambiental esperado de la prohibición no guarda proporción con el impacto económico que tendría sobre el sector. En 2023, la industria del plástico generó alrededor de 35 mil millones de dólares en ingresos por el envío de plásticos de un solo uso, de acuerdo con el documento oficial.
El aviso señala que, aunque algunos fabricantes han migrado hacia productos de papel, fibra u opciones compostables, un número significativo de productores no ha realizado esas conversiones. Muchas de estas operaciones corresponden a pequeñas y medianas empresas, por lo que suspender la prohibición permitiría reducir pérdidas asociadas al cierre de líneas de producción y a activos manufactureros que quedarían inutilizados.
Impacto ambiental y alcance de la medida
El gobierno sostiene que la suspensión de la prohibición tendrá un efecto insignificante sobre la contaminación plástica dentro del país. En el plano internacional, el documento indica que los plásticos de un solo uso forman parte de un mercado global y que, si Canadá deja de exportarlos, los compradores recurrirán a otros proveedores, por lo que no se espera un cambio relevante en los niveles de contaminación a nivel mundial.
Pese a la decisión sobre las exportaciones, sigue vigente la prohibición nacional de varios productos plásticos de un solo uso, entre ellos bolsas de supermercado, pajitas, cubiertos y anillas para latas. Las empresas que continúen fabricando estos productos deberán mantener durante cinco años registros que acrediten que los plásticos han sido o serán exportados.
La prohibición de exportación estaba programada para entrar en vigor el 20 de diciembre, pero su aplicación quedó en suspenso mientras se desarrolla el proceso de consulta pública.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
