Representantes de la Alianza de la Función Pública de Canadá (PSAC) han presentado sus reclamos ante la Junta Federal de Relaciones Laborales y Empleos del Sector Público, solicitando al gobierno federal que suspenda la implementación unilateral del programa de incentivos para la jubilación anticipada hasta que se negocien las condiciones propuestas.
Según la PSAC, que es el sindicato más grande del servicio público, el gobierno ha procedido injustamente al anunciar dicho programa, sin consultas previas con los interesados y que de la forma en que ha sido presentado, perjudica la función del sindicato como representante de los trabajadores. Asimismo, elude obligaciones de sus contratos colectivos, afirmaron.
Recordemos que en noviembre pasado, cuando el gobierno federal presentó su presupuesto, consignó un plan para reducir el tamaño de la función pública en 28 mil puestos de trabajo para el año 2029. En ese documento, se incluyeron 12 mil empleados y 350 puestos ejecutivos eliminados a través de planes de deserción y de jubilación anticipada.
A finales del año pasado, se emitieron aproximadamente 68 mil avisos de jubilación anticipada a funcionarios públicos federales mayores de 50 años, quienes fueron invitados a verificar su elegibilidad para dicho programa en diciembre. Según Ottawa, este programa costará 1,500 millones de dólares en cinco años y la mitad del gasto se realizará en 2026.
Las reivindicaciones del sindicato
Los representantes de los empleados públicos sustentan que el gobierno se equivocó en el lanzamiento de este programa y que lo implementaron apresuradamente sin consultar con los más interesados a través de su sindicato. Debieron hacerlo, antes de publicar todos los detalles y también explicar claramente los derechos de ajuste laboral, dijeron.
Asimismo, el sindicato dice que en principio, no se opone a las opciones de jubilación anticipada para sus representados, sin embargo, afirma que cualquier política para prevenir los despidos involuntarios debe ser negociada, ser legal y proteger los derechos de los trabajadores. También, exige que el empleador deje de emitir avisos antes de consultarlo.
Finalmente el PSAC, asevera que apoya cualquier esfuerzo para prevenir despidos involuntarios, no obstante, estos esfuerzos deben ser negociados y ningún empleado público debe ser presionado a renunciar a las protecciones obtenidas con tanto esfuerzo.
Qué responde el gobierno
Hasta el momento, no ha habido comentarios al respecto, por parte de la Oficina del Presidente de la Junta del Tesoro, cuando las autoridades gubernamentales competentes respondan, la Junta Federal de Relaciones Laborales y Empleos del Sector Público, que es un tribunal independiente encargado de resolver disputas sobre negociaciones colectivas y prácticas laborales consideradas injustas, determinará los próximos pasos a seguir.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporte
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