Las sobredosis registradas en centros de acogida y agencias comunitarias de Toronto se han disparado tras el cierre de cinco sitios de consumo supervisado (SCS), ordenado por el gobierno provincial a finales de marzo. Según datos de la Red de Atención a Domicilio de Toronto (TDIN), el impacto ha sido inmediato y sostenido: en junio de 2025, las sobredosis aumentaron un 288% en comparación con el mismo mes del año anterior.
El cierre de los SCS, que debía concretarse a más tardar el 31 de marzo, ha tenido efectos críticos en la salud y seguridad de las personas que consumen drogas, particularmente aquellas en situación de calle, precariedad o aislamiento social. En abril, el primer mes posterior a los cierres, las sobredosis en los centros miembros de TDIN aumentaron un 75% respecto al año anterior, y en mayo el incremento alcanzó el 175%. Antes del cierre, las organizaciones reportaban menos de 10 sobredosis al mes; actualmente, los casos superan los 60.
El nuevo modelo HART aún no sustituye los servicios esenciales de reducción de daños
El gobierno de Ontario argumentó que el cierre de los sitios de consumo supervisado forma parte de una estrategia más amplia centrada en la recuperación, a través de la conversión de nueve de los diez SCS clausurados en Centros de Tratamiento de Recuperación de Adicciones y Personas Sin Hogar (HART). Según el Ministerio de Salud, estos centros ofrecen atención médica las 24 horas, admisión sin cita previa, servicios de salud mental y derivación a viviendas de apoyo.
Sin embargo, organizaciones comunitarias y trabajadores del sector denuncian que las promesas no se han materializado plenamente. Afirman que los nuevos centros carecen de una infraestructura efectiva para responder al consumo activo de sustancias y que muchos de los servicios anunciados aún no están disponibles. La Red de Atención a Domicilio de Toronto advierte que el modelo actual omite servicios probadamente eficaces como el consumo supervisado, la inhalación segura y el intercambio de jeringas.
El gobierno provincial inició esta transición tras una revisión general de los SCS, motivada por un incidente ocurrido hace dos años en el que un transeúnte fue asesinado cerca de un centro de salud comunitario. En diciembre, Ontario legisló restricciones que prohíben la apertura de nuevos sitios de consumo supervisado a menos de 200 metros de escuelas o guarderías y condicionan el financiamiento federal a la aprobación provincial.
En medio del aumento alarmante de sobredosis, las organizaciones comunitarias insisten en que los servicios de reducción de daños no son opcionales, sino una parte crítica de una estrategia de salud pública efectiva y humana.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
