El gobierno de Quebec introdujo un amplio proyecto de ley de seguridad pública que busca limitar la exhibición de símbolos asociados a grupos criminales, establecer un registro para delincuentes sexuales de alto riesgo y restringir las manifestaciones cerca de las residencias de funcionarios electos. La iniciativa forma parte del mandato que el primer ministro François Legault encomendó al Ministerio de Seguridad Pública al inicio de la actual legislatura.
El Proyecto de Ley 13 establece que cualquier insignia, parche o símbolo que promueva a entidades criminales definidas por el Departamento de Seguridad Pública quedará prohibido en espacios públicos. Las sanciones podrían alcanzar los 5.000 dólares para quienes continúen utilizando identificadores vinculados a organizaciones delictivas, como las chaquetas que suelen portar miembros de grupos como los Hells Angels. La policía tendrá la responsabilidad de elaborar y mantener un registro público de los símbolos incluidos en la lista.
Registro de delincuentes sexuales y nuevas reglas para manifestaciones
El proyecto de ley también contempla la creación de un registro destinado a personas condenadas por delitos sexuales que hayan sido excarceladas y representen un alto riesgo de reincidencia. Este mecanismo, similar a los existentes en otras provincias, permitiría a los residentes conocer la presencia de estos individuos en sus comunidades, aunque la normativa subraya la importancia de evitar cualquier forma de justicia por mano propia.
Las autoridades estiman un costo anual de 1,3 millones de dólares para su implementación y calculan que cerca de un centenar de casos podrían ser incorporados tras la evaluación de un comité especializado.
En materia de protestas, la propuesta prohíbe las manifestaciones a menos de 50 metros de las residencias privadas de los políticos e introduce restricciones sobre objetos que puedan utilizarse para causar daño, amenazar o intimidar durante concentraciones públicas. Elementos como herramientas pesadas, bolas de billar, adoquines, armas recreativas o agentes químicos quedarían vetados en este tipo de eventos.
Además, la policía podría realizar registros sin orden judicial cuando existan motivos razonables para sospechar la posesión de estos objetos, una facultad que el propio gobierno reconoce como sensible y sujeta a discusión en el comité parlamentario.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
