Huelga de trabajadores sociales en Ontario: quiénes son, qué piden y por qué el gobierno tiene mucho que explicar

Más de 4,500 trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de Ontario (OPSEU) iniciaron el lunes 25 de mayo una huelga que se extiende por toda la provincia. No es un paro espontáneo ni una disputa menor: es el desenlace de años de subfinanciamiento, salarios congelados por una ley que los tribunales declararon inconstitucional y una promesa de pago retroactivo que el gobierno de Doug Ford no ha cumplido con este sector. Mientras se negocia, personas con discapacidades intelectuales, mujeres en situación de violencia, jóvenes en riesgo y familias en crisis se quedan sin los servicios que necesitan.

¿Quiénes están en huelga y a quiénes afecta directamente?

Solo en Toronto, cerca de 800 trabajadores de cuatro organizaciones salieron a las líneas de piquete el lunes. Unos 350 empleados de Surrey Place, especializada en servicios para personas con discapacidades del desarrollo, abandonaron sus puestos. Alrededor de 60 trabajadoras de Sistering, que opera un refugio abierto las 24 horas para mujeres y personas de género diverso en situación de vulnerabilidad también se sumaron al paro.

En Broadview Village, la sucursal del Ejército de Salvación que atiende a adultos con discapacidades intelectuales, unos 200 empleados dejaron de trabajar. A ellos se sumaron cerca de 180 trabajadores del Aptus Treatment Centre, que ya habían sido bloqueados por su propio empleador el fin de semana anterior en una acción de lockout.

Fuera de Toronto, la huelga alcanza a cerca de dos docenas de organizaciones en toda la provincia: refugios para mujeres, centros de ayuda legal, servicios de protección de la infancia y programas de corrección juvenil. Son servicios sin los cuales las poblaciones más frágiles de Ontario sencillamente no tienen a dónde ir.

¿Cuánto ganan estos trabajadores y por qué piden más?

El sueldo de muchos de estos empleados ronda entre 27 y 29 dólares por hora, en el caso de Sistering, por ejemplo, una cifra que los propios sindicatos describen como insuficiente dada la complejidad emocional del trabajo y el costo de vida en Toronto. Varios trabajadores han tenido que conseguir un segundo empleo para cubrir sus gastos básicos.

La demanda central es un aumento salarial del 6.5% y el pago retroactivo correspondiente. Esa cifra no es arbitraria: es exactamente lo que otros sectores del servicio público ya recibieron tras la anulación del proyecto de ley 124. El problema es que los trabajadores de servicios comunitarios y sociales siguen esperando.

¿Qué tiene que ver el proyecto de ley 124 con todo esto?

El Bill 124 fue aprobado por el gobierno de Ford en 2019 con el argumento de controlar el gasto público. La ley congelaba los aumentos salariales del sector público en un máximo del 1% anual durante tres años, en un período en que la inflación se disparó y el costo de vida creció de forma sostenida.

Los sindicatos lo impugnaron ante los tribunales. La Corte de Apelaciones de Ontario lo declaró inconstitucional y el gobierno se vio obligado a derogarlo. Desde entonces, la provincia ha tenido que compensar a los trabajadores afectados una factura que ya supera los 6,000 millones de dólares según reportes de Global News.

La mayoría de los sectores ya recibieron ese pago retroactivo: maestros, enfermeros, empleados del gobierno provincial. Pero los trabajadores de los servicios comunitarios —que dependen de agencias financiadas por la provincia, no del gobierno directamente— quedaron en un limbo. Sus empleadores dicen no tener los fondos para pagar. Y el gobierno de Ford dice que ese no es su problema.

¿Por qué el gobierno provincial es parte del problema?

La Oficina de Responsabilidad Financiera de Ontario documentó un déficit de 1,500 millones de dólares en el Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales para el año fiscal 2025-2026. Eso significa que las agencias que contratan a estos trabajadores operan con menos dinero del que necesitan, lo que les impide negociar aumentos salariales.

El OPSEU ha sido directo al señalar que el gobierno provincial tiene las llaves del conflicto: si Queen’s Park aumentara el financiamiento a estas organizaciones, los empleadores podrían pagar. Sin ese dinero, la negociación es un juego en el que solo una parte puede ceder.

JP Hornick, presidente del OPSEU, calificó el paro coordinado como un “momento histórico” para el movimiento sindical de Ontario. “Les estamos diciendo a nuestros empleadores: o están con nosotros o están en contra de las personas que nos necesitan”, declaró el sindicato.

¿Qué significa esto para las familias inmigrantes en Ontario?

Para muchas familias latinoamericanas y de otras comunidades inmigrantes, estas organizaciones no son un recurso opcional. Son el punto de entrada al sistema: orientación legal, apoyo psicológico, servicios para familiares con discapacidades, refugio en situaciones de violencia doméstica.

Una huelga prolongada no solo interrumpe esos servicios. También puede cortar el contacto entre personas vulnerables y las redes de apoyo que tardaron meses en construir. Para alguien que llegó recientemente al país y depende de un trabajador de caso para entender cómo funciona el sistema, esa interrupción tiene consecuencias reales.

¿Cuánto puede durar esto?

Por el momento no hay señales de que el gobierno de Ford vaya a intervenir. El Ministerio no emitió declaraciones directas desde que comenzó la huelga. Los empleadores y el sindicato siguen en negociaciones, pero sin un compromiso de financiamiento provincial adicional, las posibilidades de acuerdo son limitadas.

La huelga de trabajadores sociales no es solo un conflicto salarial. Es el reflejo de un modelo de servicios sociales que se financia al mínimo, se sostiene con trabajo vocacional mal pagado y estalla cuando las personas que lo sostienen simplemente ya no pueden más.

Redacción de: Mauricio Navas Talero  LJI Reporter