El gobierno de España anunció su intención de prohibir el uso de redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años, como parte de una estrategia para proteger a los jóvenes de los riesgos asociados al contenido digital. La medida fue presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una cumbre internacional celebrada en Dubái.
Según explicó el mandatario, la iniciativa busca frenar la difusión de contenidos ilegales y dañinos en plataformas digitales, como el abuso sexual infantil y la circulación de imágenes sexualizadas manipuladas mediante inteligencia artificial. El anuncio se enmarca en un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto de las redes sociales en la salud mental y la seguridad de los menores.
Verificación de edad y nuevas responsabilidades para las plataformas
La propuesta española busca obligar a las empresas de redes sociales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de simples declaraciones voluntarias de los usuarios. El Ejecutivo considera que los actuales mecanismos son insuficientes para impedir el acceso de menores a contenidos inapropiados.
Esta prohibición se integraría en una ley de protección digital de menores que ya se encuentra en debate en el Congreso. El gobierno prevé que el proceso legislativo pueda activarse en los próximos días, aunque la aprobación no está garantizada debido a la falta de mayoría parlamentaria de la coalición gobernante.
España se suma así a una tendencia internacional. Francia aprobó recientemente una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años, mientras que Australia ha comenzado a aplicar la primera prohibición del mundo para menores de 16, responsabilizando directamente a las plataformas por el incumplimiento. Dinamarca y el Reino Unido también avanzan en iniciativas similares.
Además de la restricción por edad, el gobierno español plantea endurecer la regulación sobre el funcionamiento de las plataformas digitales. Entre las medidas anunciadas se incluye la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos para amplificar contenido ilegal y la posibilidad de responsabilizar penalmente a directivos tecnológicos que no retiren contenidos delictivos.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
