El gobierno Liberal presentó en marzo un proyecto de ley que obligaría a las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales a facilitar el acceso de la policía y los servicios de inteligencia a la información de sus usuarios. La propuesta, conocida como proyecto de ley C-22 o Ley de Acceso Legítimo de 2026 (Lawful Access Act, 2026) reavivó un debate que lleva años sin resolverse en Canadá: hasta dónde puede llegar el Estado en la vigilancia digital, y a qué costo.
Lo que todavía no tiene respuesta clara es cuánto le costaría a las empresas cumplir con la nueva ley. El gobierno no ha publicado estimaciones de implementación, y esa opacidad se convirtió en uno de los principales focos de crítica desde el momento en que el proyecto fue presentado al Parlamento el 12 de marzo.
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¿Qué dice exactamente la ley?
El proyecto C-22 tiene dos partes. La primera regula la forma en que la policía puede acceder a información de los suscriptores de servicios telefónicos e internet: en lugar de poder obtener nombre, dirección y número de teléfono sin orden judicial como ocurría bajo propuestas anteriores, ahora se requeriría una orden de producción emitida por un juez. Sin embargo, los críticos señalan que el umbral de sospecha necesario para obtener esa orden se rebaja respecto al estándar actual.
La segunda parte, que crea la llamada Ley de Apoyo al Acceso Autorizado a la Información (Supporting Authorized Access to Information Act), es la más controvertida. Esta sección obligaría a las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales, desde grandes compañías como Rogers, Bell y Telus, hasta plataformas de mensajería y correo electrónico, a construir y mantener capacidades técnicas que permitan al gobierno interceptar comunicaciones cuando así lo ordene un tribunal.
Además, el proyecto exige que los proveedores conserven los metadatos de sus usuarios durante hasta un año. Los metadatos no son el contenido de los mensajes, sino la información sobre cuándo se envió un mensaje, desde qué número o dirección, hacia quién y con qué frecuencia. Esa información, según los expertos, puede revelar mucho sobre la vida de una persona sin necesidad de leer sus conversaciones.
El costo, la gran pregunta sin respuesta
Implementar esas capacidades técnicas tiene un precio, pero el gobierno no lo ha revelado. Los abogados de la firma Fasken, que analizaron el proyecto en detalle, señalaron que la ley no especifica plazos ni estimaciones de costo para que las empresas construyan las infraestructuras de vigilancia exigidas. Tampoco está claro quién asume esos costos: si las compañías, el gobierno o, en última instancia, los consumidores a través de sus facturas.
“Nadie sabe cuánto costará esto”, resumió Michael Geist, reconocido experto en derecho digital y profesor de la Universidad de Ottawa, en su análisis del proyecto publicado en marzo. Geist es uno de los críticos más activos de la propuesta y señala que los requisitos de retención masiva de metadatos van mucho más allá de lo que se necesita para perseguir delitos concretos.
¿Por qué importa para quienes viven en Canadá?
Para la comunidad latino-canadiense, esta discusión no es abstracta. Miles de personas usan servicios digitales a diario para enviar dinero a sus familias, comunicarse por WhatsApp o aplicaciones similares, y gestionar trámites migratorios en línea. Si los metadatos de esas comunicaciones a quién se escribe, con qué frecuencia, desde qué ciudad, quedan almacenados durante un año y son accesibles para las autoridades, la pregunta sobre quién puede ver esa información y bajo qué condiciones se vuelve muy concreta.
El gobierno, por su parte, defiende el proyecto como una actualización inevitable. “Canadá está muy por detrás de sus aliados más importantes en materia de acceso a información digital para la aplicación de la ley”, declaró el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, al presentar el proyecto. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles (Canadian Civil Liberties Association) respondió que la retención masiva de datos de toda la población, no solo de sospechosos representa un nivel de vigilancia sin precedentes en el país.
El proyecto C-22 está ahora en proceso parlamentario. Para convertirse en ley necesita pasar por debates en la Cámara de los Comunes y el Senado. Quienes quieran seguir el avance del proyecto pueden consultarlo en parl.ca.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
Fuente: CBC News, “New lawful access bill would give police, CSIS more powers to track suspects online”, marzo de 2026.
Fuente: Global News, “Police will get new powers for online data in tweaked ‘lawful access’ bill”, marzo de 2026.
Fuente: Michael Geist, michaelgeist.ca, análisis de Bill C-22, marzo de 2026.
Fuente: Canada.ca / Public Safety Canada, Backgrounder sobre Bill C-22, 12 de marzo de 2026.
Fuente: Fasken Martineau, análisis legislativo de Bill C-22, marzo de 2026.
