El impuesto a las viviendas vacías de la ciudad de Toronto fue implementado con el objetivo de aumentar la disponibilidad de vivienda y contribuir a que los precios fueran más asequibles. Sin embargo, varios años después de su entrada en vigor, no existe claridad sobre cuántas propiedades han sido efectivamente incorporadas al mercado habitacional como resultado directo de esta política.
La medida comenzó a aplicarse en 2022, en un contexto de mercado inmobiliario distinto al actual. En los últimos años, la ciudad ha experimentado una caída significativa en las ventas y un aumento de propiedades que permanecen en venta por largos periodos, lo que ha modificado las dinámicas de oferta y demanda. En este escenario, el número de viviendas que permanecen intencionalmente vacías es reducido, y muchas propiedades disponibles podrían destinarse al arriendo si existieran mejores condiciones de mercado.
Resultados parciales y falta de datos concluyentes
Según cifras proporcionadas por la ciudad de Toronto, en 2022 se identificaron 6.944 viviendas vacías. En 2023, el número descendió a 5.077, aunque las autoridades reconocieron que estos datos podrían estar distorsionados por dificultades en la implementación del impuesto durante ese año. En 2024, se declararon vacías 5.989 viviendas. En los tres casos, las propiedades vacantes representaron menos del 1% del total de viviendas de la ciudad.
No obstante, el municipio no ha podido confirmar si las propiedades identificadas como vacías en esos años fueron posteriormente alquiladas u ocupadas. Tampoco existe aún un balance definitivo sobre los ingresos efectivamente recaudados por el impuesto. Aunque para 2024 se proyectaron ingresos facturados por 103 millones de dólares, con un objetivo presupuestario de 50 millones, la ciudad indicó que el proceso de revisión de reclamos, apelaciones y exenciones sigue en curso. Un informe consolidado sobre los ingresos del impuesto está previsto para el segundo trimestre de 2026.
Las autoridades municipales han reiterado que el impuesto no fue diseñado como una herramienta de recaudación, sino como un mecanismo para incentivar a los propietarios a ocupar, alquilar o vender sus viviendas en lugar de mantenerlas desocupadas. En paralelo, el mercado de condominios ha mostrado un aumento de la oferta, lo que ha ampliado las opciones para compradores e inquilinos. Sin embargo, una mayor disponibilidad no necesariamente se ha traducido en una ocupación efectiva de las unidades, debido a la alta competencia entre propiedades similares.
A medida que las viviendas permanecen más tiempo sin vender o arrendar y los propietarios enfrentan presiones financieras, crece la preocupación por la eventual aplicación del impuesto en un mercado que continúa mostrando signos de estancamiento. La normativa contempla diversas exenciones, como en casos de fallecimiento del propietario, renovaciones, reparaciones u órdenes judiciales.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
