En medio de crecientes preocupaciones por pacientes que quedan fuera del sistema de atención médica, el gobierno federal de Canadá reintrodujo esta semana una legislación destinada a modernizar y conectar los registros de salud en todo el país. El miércoles, el Partido Liberal volvió a presentar la Ley de Atención Conectada para los Canadienses, una iniciativa que busca facilitar el intercambio seguro de información médica entre provincias, territorios y proveedores de salud.
Actualmente, el propio gobierno reconoce que el sistema de datos sanitarios del país está fragmentado, con plataformas electrónicas incompatibles entre sí, lo que puede provocar retrasos en la atención, oportunidades perdidas de intervención temprana y riesgos de diagnósticos erróneos. La nueva propuesta apunta a establecer estándares comunes que permitan superar estas barreras estructurales.
La legislación, conocida como Proyecto de Ley S-5, establecería requisitos obligatorios de interoperabilidad para las empresas que desarrollan sistemas de historiales médicos electrónicos. Esto permitiría que la información de salud digital pueda compartirse de manera segura entre médicos, hospitales, clínicas y jurisdicciones, respetando la privacidad de los pacientes.
Un estándar nacional
Además de fijar estándares técnicos, el proyecto de ley prohibiría el llamado “bloqueo de datos”, una práctica mediante la cual las empresas de tecnología sanitaria limitan o dificultan el acceso y el intercambio de información entre sistemas. El objetivo es garantizar que los pacientes y los profesionales puedan acceder a los datos necesarios sin restricciones indebidas.
El plan federal se concibe como un estándar mínimo que deberán cumplir las provincias y los territorios, y se vincula al compromiso asumido por el gobierno liberal en 2023 de aumentar en un cinco por ciento anual la Transferencia Canadiense de Salud. De esta forma, Ottawa busca usar el financiamiento como respaldo para promover una atención más coherente y continua en todo el país.
Las autoridades federales advierten que, incluso si la ley es aprobada, los cambios no serán inmediatos. El desarrollo de las regulaciones, los mecanismos de cumplimiento y las posibles sanciones administrativas podría tomar varios años, dado que las provincias, territorios y proveedores tecnológicos necesitarán tiempo para adaptar sus sistemas.
El gobierno subrayó que la legislación no crea una identificación digital nacional ni una base de datos centralizada de información sanitaria. En cambio, establece un marco legal que permite, pero no obliga, el acceso seguro de los pacientes a sus propios datos y el intercambio protegido de información entre profesionales de la salud, con el objetivo de mejorar la calidad y la continuidad de la atención médica en Canadá.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
