Durante décadas, ningún gobierno federal canadiense se había atrevido a establecer de manera explícita y oficial que reducir la llegada de inmigrantes formaba parte de una estrategia para estabilizar los precios de la vivienda. El gobierno del primer ministro Mark Carney rompió ese tabú. En su plan habitacional para 2026, rebajó las metas de residentes permanentes a 380,000 personas y anunció que los estudiantes y trabajadores temporales deberán representar no más del 5% de la población total, actualmente están cerca del 7%. El argumento es directo: a menos demanda, menor presión sobre el mercado inmobiliario.
Contenido
¿Por qué el gobierno llegó a esta conclusión?
Desde el fin de la pandemia, Canadá vivió una de las crisis habitacionales más severas de su historia reciente. Los precios de las propiedades se dispararon en las grandes ciudades, los alquileres superaron la capacidad de pago de millones de familias y la escasez de viviendas nuevas se convirtió en un problema estructural. El gobierno anterior bajo Justin Trudeau había sido duramente criticado por autorizar niveles de inmigración sin precedentes. Hasta 500,000 residentes permanentes por año, sin construir la infraestructura habitacional que ese crecimiento poblacional demandaba. El gobierno Carney decidió actuar sobre ambas variables al mismo tiempo: reducir la demanda y acelerar la oferta.
¿Qué consecuencias tiene esto para quienes esperan llegar?
La reducción de cupos no significa que las puertas de Canadá estén cerradas. El sistema sigue activo y sigue siendo uno de los más robustos del mundo, pero se ha vuelto más selectivo. Las categorías que concentran los cupos disponibles son las que el mercado laboral canadiense necesita con más urgencia: salud, construcción, tecnología y oficios técnicos. Quienes tienen un perfil diferente o puntajes CRS más bajos en Express Entry pueden enfrentar tiempos de espera más largos o menores probabilidades de recibir una invitación en el corto plazo. Para quienes ya están en Canadá con estatus temporal, la presión por regularizarse es hoy más urgente que nunca.
¿Y la construcción de viviendas nuevas?
Reducir la inmigración es solo uno de los dos engranajes del plan. El otro es construir más y más rápido. El gobierno federal está financiando con préstamos de bajo costo la construcción acelerada de apartamentos de alquiler, especialmente en las ciudades con mayor déficit. Ontario, por su parte, aprobó medidas de zonificación que eliminan algunos trámites de aprobación para ciertos tipos de proyectos residenciales, buscando que las grúas aparezcan antes en los barrios que más las necesitan. La pregunta que muchos expertos hacen es si el ritmo de la construcción podrá alcanzar algún día el tamaño del déficit acumulado, que se estima en millones de unidades para los próximos años.
¿Es justo responsabilizar a los inmigrantes de la crisis?
Esa es la pregunta que más divide a los analistas y a las organizaciones de la sociedad civil. Para los defensores de los derechos migratorios, la crisis de vivienda fue provocada principalmente por décadas de mala planeación urbana, falta de inversión pública y especulación inmobiliaria descontrolada, no por la llegada de personas que buscan una vida mejor. Para el gobierno, la medida es pragmática y temporal. Lo que nadie discute es que la decisión tiene consecuencias concretas en las vidas de cientos de miles de personas que ya eligieron Canadá como su hogar.
Redacción de: Mauricio Navas Talero, LJI Reporter
