Al menos 39 demandas judiciales fueron presentadas ante la Corte Federal de Canadá cuestionando la constitucionalidad del Bill C-12, la ley que desde marzo de 2026 elimina el derecho a audiencia formal ante el Tribunal de Inmigración y Refugiados para miles de solicitantes de asilo. Un juez asociado de esa corte aprobó una solicitud de gestión especial de casos, lo que significa que el sistema judicial reconoció el volumen y la urgencia de las impugnaciones y decidió organizarlas de manera coordinada. Mientras tanto, quienes recibieron cartas de deportación viven en un estado de incertidumbre que los abogados de inmigración no dudan en calificar como “pánico masivo”.
Contenido
¿Qué dicen los demandantes?
Las organizaciones y abogados que presentaron los casos argumentan que el Bill C-12 viola la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. El núcleo del argumento es que privar a una persona del derecho a una audiencia ante un tribunal independiente, donde pueda demostrar que su vida está en riesgo si es deportada. Constituye una violación de los principios de justicia fundamental garantizados por la Carta. También cuestionan si el mecanismo alternativo que ofrece la ley, la evaluación previa a la remoción o PRRA, cumple con los estándares mínimos de un proceso justo, dado que es conducida por funcionarios del mismo ministerio que ordenó la deportación.
¿Qué cambia con la gestión especial de casos?
Cuando un juez aprueba una solicitud de gestión especial de casos, está reconociendo que existe un número inusualmente alto de demandas relacionadas con el mismo punto jurídico y que es necesario coordinarlas para evitar decisiones contradictorias y gestionar los recursos de la Corte de manera eficiente. En la práctica, esto no suspende automáticamente las deportaciones individuales. Cada persona afectada debe presentar su propia demanda y solicitar medidas cautelares para frenar su remoción, pero sí señala que la Corte está tomando el asunto con seriedad y que los casos serán resueltos con mayor coherencia jurídica.
¿Qué pasa con quienes no presentan una demanda?
Los abogados de inmigración advierten que las personas que recibieron una carta de IRCC y no toman acción legal en un plazo razonable corren el riesgo de quedar incluidas en una lista de deportaciones sin mayor trámite. El proceso puede avanzar con rapidez una vez que se fija una fecha de remoción, y el margen para reaccionar suele ser estrecho. La recomendación unánime entre los especialistas es buscar asesoría legal de inmediato, preferiblemente a través de una clínica legal gratuita o una organización de apoyo a migrantes. En ciudades como Toronto, Ottawa y Vancouver hay organizaciones que brindan representación legal sin costo o a bajo precio para personas en situaciones vulnerables.
¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos?
Más de dos docenas de organizaciones, entre ellas el Migrant Rights Network, el Canadian Council for Refugees y la Amnistía Internacional Canadá, firmaron una declaración conjunta en la que afirman que la ley “pondrá en riesgo a miles de personas de persecución, violencia y precariedad”. Al mismo tiempo, alertan sobre un fenómeno que ya está ocurriendo: ante el miedo a la deportación, algunas personas están cruzando de regreso a Estados Unidos, donde corren el riesgo de ser detenidas por el ICE. El resultado es una presión creciente sobre ambos sistemas migratorios, y las consecuencias más graves siguen recayendo sobre las personas más vulnerables de todo ese engranaje.
Redacción de: Mauricio Navas Talero, LJI Reporter
