Un jurado federal en San Francisco ordenó a Google indemnizar con 425,7 millones de dólares a millones de usuarios por rastrear indebidamente sus teléfonos inteligentes, en un caso de intrusión a la privacidad que se extendió por casi una década.
El fallo resolvió una demanda colectiva que abarca alrededor de 98 millones de dispositivos utilizados en Estados Unidos entre el 1 de julio de 2016 y el 23 de septiembre de 2024. El monto equivale a cerca de 4 dólares por teléfono afectado.
Los demandantes sostuvieron que Google recopiló información personal sin el consentimiento de los usuarios, incluso cuando estos creían haber bloqueado el seguimiento a través de los controles de privacidad. Según la acusación, esos datos fueron empleados para vender anuncios personalizados, lo que generó miles de millones de dólares en ingresos adicionales para la compañía.
Reacciones y próximos pasos
Google negó las acusaciones durante el juicio y, tras conocerse el veredicto, confirmó que apelará la decisión. “Esta decisión no comprende el funcionamiento de nuestros productos y la apelaremos”, declaró José Castañeda, portavoz de la empresa. “Nuestras herramientas de privacidad permiten a los usuarios controlar sus datos, y cuando desactivan la personalización, respetamos esa decisión”, añadió.
Por su parte, los abogados que representaron a los usuarios calificaron el fallo como un triunfo en defensa de la privacidad digital. “Esperamos que este resultado envíe un mensaje a la industria tecnológica de que los estadounidenses no se quedarán de brazos cruzados mientras su información se recopila y monetiza contra su voluntad”, dijo John Yanchunis, del bufete Morgan & Morgan.
El monto fijado por el jurado es considerablemente menor a los más de 30.000 millones de dólares que los demandantes argumentaban que correspondían como compensación por los beneficios obtenidos por Google a través de prácticas calificadas como especulación ilegal.
El veredicto llega en un momento delicado para la compañía. Esta semana, Google había evitado sanciones más severas en un caso antimonopolio en Washington, D.C., donde un juez federal determinó que su motor de búsqueda constituye un monopolio ilegal. En ese proceso, se ordenó a la empresa compartir ciertos datos con sus competidores, pero no se dispuso su desmantelamiento.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
