Cientos de campesinos de diversos departamentos de Guatemala se concentraron este miércoles en varios puntos de la capital para exigir al gobierno que cumpla su promesa de campaña sobre la destitución de la fiscal general y aborde el alto costo de la canasta básica.
Esta manifestación, convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), es la primera de su tipo desde que el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder en enero. Los manifestantes, portando banderas blancas con el logotipo de CODECA, se congregaron frente al Palacio Nacional para expresar sus demandas.
Thelma Cabrera, líder de CODECA, criticó al gobierno de Arévalo por priorizar otros sectores en lugar de atender a los más vulnerables y afirmó que hay demandas de la población que aún no han sido resueltas. Cabrera no descartó la posibilidad de más movilizaciones en el futuro.
Mientras tanto, Arévalo se encontraba en el departamento de Chimaltenango, al occidente de la capital, supervisando la atención a familias afectadas por un deslizamiento de tierra debido a las lluvias. El presidente aseguró que funcionarios de su gobierno atenderían a los manifestantes en la capital.
Una de las promesas de campaña de Arévalo fue impulsar la salida de la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, debido a varios recursos legales, la funcionaria aún sigue en su cargo y ha continuado investigando y procesando a opositores, especialmente al partido de gobierno y a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En 2023, tras la victoria de Arévalo en las elecciones presidenciales, Porras y los políticos perdedores de la contienda lideraron acciones legales contra el partido Movimiento Semilla de Arévalo, así como contra funcionarios y empleados del TSE. La fiscalía, dirigida por Porras, intentó que se declarara un fraude electoral, pero no tuvo éxito y Arévalo fue juramentado como presidente. Las investigaciones de la fiscalía continúan a pesar de que Arévalo y los funcionarios electorales gozan de inmunidad.
Demandas ciudadanas
Además de la destitución de Porras, los campesinos también exigen la renuncia de otros funcionarios del Ministerio Público, como el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana. Los manifestantes consideran que estos funcionarios lideran estructuras dentro del sistema de justicia que criminalizan a opositores políticos y periodistas.
Porras, Curruchiche y Orellana han sido sancionados por el gobierno estadounidense y otros 40 países de la Unión Europea y Canadá, que les han impedido entrar a sus territorios, por considerar que socavan la democracia en Guatemala y obstaculizan la lucha anticorrupción.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
