Una ley aprobada en marzo de 2026 está sacudiendo a miles de personas que llevan años viviendo en Canadá sin imaginar que un día les llegaría una carta diciéndoles que se tienen que ir. El Bill C-12, conocido formalmente como la Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y las Fronteras de Canadá, eliminó el acceso al Tribunal de Inmigración y Refugiados para quienes esperaron más de un año antes de solicitar asilo. Las cartas de deportación comenzaron a circular días después de que la ley recibiera sanción real, y el impacto en las comunidades inmigrantes del país ha sido inmediato.
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¿Quiénes son los afectados?
La norma aplica a todas las personas que ingresaron a Canadá después del 24 de junio de 2020 y que presentaron su solicitud de refugio más de un año después de haber cruzado la frontera. Se estima que hasta 30,000 personas podrían quedar dentro de este rango. Para muchas de ellas, Canadá ya es todo: tienen empleo estable, hijos inscritos en escuelas canadienses y redes de apoyo construidas durante años. Ahora enfrentan la posibilidad real de ser expulsadas sin que ningún tribunal independiente haya escuchado su caso.
¿Qué dice exactamente la carta que están llegando?
El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) comenzó a enviar notificaciones formales informando a estas personas que su solicitud ya no será remitida al IRB. El tribunal que normalmente evalúa los pedidos de refugio y que están sujetas a un proceso acelerado de remoción. La carta no es una orden de deportación inmediata, pero es el primer paso de ese camino. A partir de ese momento, la única opción que la ley les ofrece es una evaluación de riesgo previo a la remoción, conocida como PRRA, que los defensores de derechos migratorios califican como un mecanismo con garantías insuficientes.
¿Qué diferencia hay entre el PRRA y una audiencia formal?
En una audiencia ante el IRB, una persona puede presentar evidencia, llamar testigos y ser representada por un abogado frente a un juez especializado en derecho de refugio. El proceso fue diseñado para proteger a personas en situación de vulnerabilidad real. El PRRA, en cambio, es una evaluación escrita realizada por un funcionario del mismo ministerio que ordenó la deportación. No hay audiencia oral, no hay posibilidad de interrogar a la contraparte, y el porcentaje de casos aprobados a través de este mecanismo ha sido históricamente muy bajo. Para los abogados de inmigración, esa diferencia no es menor: es la diferencia entre una protección real y una formalidad.
¿Qué justificó el gobierno para aprobar esta ley?
El primer ministro Mark Carney argumentó que el sistema de asilo canadiense llevaba años al borde del colapso. Los tiempos de espera para una audiencia ante el IRB llegaban a superar los cinco o seis años en muchos casos, lo que generaba un represamiento que afectaba tanto a quienes presentaban solicitudes genuinas como a la capacidad operativa del tribunal. La reducción de la acumulación, dijo el gobierno, era necesaria para que el sistema funcionara. Sin embargo, más de dos docenas de organizaciones de derechos humanos respondieron con una declaración conjunta advirtiendo que la ley “pondrá en riesgo a miles de personas de persecución, violencia y precariedad”.
Lo que está claro es que el debate sobre el alcance real del Bill C-12 recién comienza, y sus consecuencias humanas se seguirán viendo durante los próximos meses en vecindarios de Toronto, Vancouver, Montreal y otras ciudades donde viven miles de personas que hoy no saben con certeza si mañana seguirán aquí.
Redacción de: Mauricio Navas Talero, LJI Reporter
