El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, podría ser juzgado por acusaciones de manipulación de testigos y fraude procesal, luego de que una jueza desestimara una solicitud de Fiscalía para archivar la investigación, reviviendo un caso de larga data y profundamente polarizado.
La oficina del Fiscal General solicitó en marzo de 2021 una audiencia sobre la posible reducción de la investigación, luego de determinar que la conducta de Uribe no constituía un delito. Los partidarios de Uribe han señalado este proceso como una persecución, mientras que sus detractores lo han celebrado como una caída merecida.
Uribe y varios aliados fueron investigados por denuncias de manipulación de testigos realizadas en un intento de desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con paramilitares de derecha.
El expresidente acusó en 2012 al senador de izquierda Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares, durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles. Sin embargo, en febrero de 2018, el tribunal que investiga asuntos penales que involucran a legisladores afirmó que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
Uribe, que podría cumplir 12 años de prisión si es declarado culpable, renunció a su escaño en el Senado en 2020 después de que la Corte Suprema ordenara el arresto domiciliario. La renuncia desencadenó el traslado del caso a la oficina del Fiscal General. Sin embargo, la detención de Uribe duró poco más de dos meses antes de que un juez levantara la orden.
La Fiscalía apelará la decisión del juez porque considera que no hay pruebas suficientes para demostrar que el expresidente ordenó la búsqueda de falsos testigos contra el senador Cepeda.
Redacción de: Karen Rodríguez
