La administración Trump presentó esta semana una nueva ofensiva arancelaria: propone gravar con un 10% adicional las importaciones provenientes de Canadá, como parte de una investigación contra 60 países acusados de no hacer cumplir la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzado. Es un capítulo más en la presión comercial sostenida que Washington ha ejercido sobre Ottawa desde inicios del año, aunque esta vez con un argumento legal distinto al que se ha usado antes.
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¿Cuál es el fundamento legal que usa Trump esta vez?
A diferencia de los aranceles previos que se justificaron bajo razones de seguridad nacional o déficit comercial, este paquete se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al gobierno de Estados Unidos imponer tarifas a países que, según Washington, no hacen lo suficiente para evitar que bienes producidos con mano de obra forzada entren al mercado estadounidense.
La investigación involucró a 60 países. A Canadá junto con México, Taiwan y el Reino Unido, le correspondería el arancel más bajo de la escala propuesta: 10%. A China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza, entre otros, les aplicaría una tasa del 12.5%.
¿Hay productos que quedan exentos?
Sí, aunque la lista de bienes afectados sigue siendo amplia. Algunos sectores quedaron parcialmente fuera del impacto: ciertos textiles, tomates, bananas, café y algunos metales tienen exenciones o tarifas reducidas. Pero todo esto está aún sujeto a cambios, porque el gobierno abrió un período de comentarios públicos que cierra el 6 de julio, con una audiencia pública programada para el 7 de julio.
Eso significa que los aranceles no son definitivos todavía, aunque el historial de la administración Trump muestra que los anuncios suelen convertirse en política real sin grandes modificaciones.
¿Qué impacto real puede tener esto en Canadá?
Canadá ya venía absorbiendo el efecto de rondas anteriores de aranceles. Un recargo adicional del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos golpea especialmente al sector manufacturero, al energético y al agroindustrial, precisamente donde se concentra buena parte del empleo en Ontario, Alberta y Quebec.
Para los trabajadores inmigrantes en esas industrias, la señal es clara: la incertidumbre no termina. Las empresas que exportan a EE.UU. ya están revisando sus modelos de negocio, y cualquier ajuste operativo, reducción de turnos, congelamiento de contrataciones afecta directamente a quienes trabajan en esos sectores, muchos de los cuales son recién llegados.
¿Por qué incluyen a Canadá en una lista de trabajo forzado?
Esa es la pregunta que más incomoda al gobierno de Mark Carney. Canadá tiene legislación interna contra el trabajo forzado y fue uno de los primeros países en aprobar leyes de diligencia debida en cadenas de suministro. Quedar en la misma categoría que países con estándares laborales mucho más bajos es visto en Ottawa como una maniobra de presión comercial disfrazada de argumento moral no como una crítica genuina a las prácticas laborales canadienses.
La respuesta oficial del gobierno llegará en los próximos días. Mientras tanto, Canadá enfrenta esta nueva presión justo cuando la fecha límite del CUSMA (el 1 de julio) se acerca, lo que lo coloca en una posición negociadora considerablemente más estrecha que hace apenas unas semanas.
Redacción de: Mauricio Navas Talero | LJI Reporter
