Llevan semanas acumulando casos. Ahora, decenas de abogados especializados en refugio de todo el país dieron un paso formal y coordinado: presentaron en la Corte Federal impugnaciones constitucionales contra la Ley C-12, la norma que desde el 26 de marzo restringe severamente el derecho de miles de personas a solicitar asilo en Canadá. La batalla legal acaba de comenzar, pero podría durar años.
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¿Qué están alegando los abogados?
El argumento central de las impugnaciones es que la Ley C-12 viola la Carta Canadiense de Derechos y Libertades en dos de sus disposiciones fundamentales. La primera es la Sección 7, que garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. La segunda es la Sección 15, que protege contra la discriminación. Los abogados argumentan que la barrera de un año, la disposición que impide presentar una solicitud de asilo si pasó más de un año desde la primera entrada al país pone en riesgo directo la vida de personas que huyen de persecución y que, por diversas razones, no pudieron actuar de inmediato.
La coordinación de los casos está a cargo de la Asociación Canadiense de Abogados de Refugiados y la Asociación Canadiense de Abogados de Inmigración. Hasta el momento, hay más de tres docenas de casos presentados ante la Corte Federal, y la cifra sigue creciendo. En una carta dirigida al tribunal y obtenida por CBC News, las partes advierten que hasta 28.000 solicitudes de refugio podrían verse afectadas por las nuevas reglas.
¿Qué es la “gestión de casos” que solicitaron ambas partes?
Tanto los abogados como el Departamento de Justicia federal han pedido a la Corte Federal que aplique un proceso especial llamado “gestión de casos” en inglés: case management, un mecanismo reservado para litigios de gran complejidad o con múltiples partes involucradas. Esto permite que el tribunal coordine los diferentes casos de manera unificada en lugar de tramitarlos por separado, lo que hace más eficiente el proceso, pero también señala la magnitud del conflicto legal que se avecina.
El hecho de que el propio gobierno haya solicitado este mecanismo junto con los demandantes indica que ambas partes reconocen que esto no es un caso ordinario. Se trata de un litigio constitucional que podría redefinir los límites del sistema de asilo canadiense.
¿Qué significa esto para quienes ya recibieron cartas del gobierno?
Decenas de miles de personas recibieron en las últimas semanas cartas del gobierno federal informándoles que su solicitud de asilo podría ser declarada inelegible bajo la nueva ley. Esas personas fueron retiradas de la lista de espera para audiencias orales ante la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) y puestas en la fila para un proceso diferente. La Evaluación de Riesgo Previo a la Remoción (PRRA) que ofrece muchas menos garantías y tiene una tasa de aprobación considerablemente más baja.
Para estas personas, el resultado de los desafíos constitucionales no es un asunto abstracto: es la diferencia entre tener una audiencia real donde puedan contar su historia o enfrentar la deportación a través de un proceso por escrito. Los abogados advierten que están desbordados por el volumen de casos urgentes y el peso de las consecuencias para sus clientes.
Entre quienes más se ven afectados por la nueva ley están personas de países latinoamericanos con alta conflictividad como: Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Venezuela, que llegaron a Canadá con visa de trabajo o estudio y esperaron más de un año antes de solicitar asilo, muchas veces siguiendo el consejo de sus propios abogados sobre las vías más adecuadas para su situación.
¿Qué viene ahora?
El proceso constitucional en la Corte Federal puede tomar años. Mientras tanto, el gobierno sigue aplicando la ley y enviando cartas de inelegibilidad. Algunos abogados han logrado medidas cautelares individuales para sus clientes que detienen temporalmente el proceso de remoción, pero eso no es posible en todos los casos.
La Ley C-12 ya tiene su primer gran frente de batalla judicial. Decenas de abogados de refugio presentaron impugnaciones constitucionales en la Corte Federal argumentando que la ley viola los derechos más básicos garantizados por la Carta canadiense. El resultado de ese litigio podría cambiar las reglas del asilo en Canadá, pero el camino es largo y, mientras tanto, miles de personas esperan con incertidumbre.
Redacción de:Mauricio Navas Talero | LJI Reporter
