Llegaron con un contrato, una promesa y la esperanza de enviarle dinero a su familia. Meses después, muchos seguían sin cobrar lo acordado, vivían hacinados en casas controladas por su empleador y les habían quitado el pasaporte. Aun así, la mayoría no se reconocía como víctima de ningún delito. En América Latina, la idea del tráfico de personas casi siempre evoca explotación sexual. Lo que ocurre en el mundo laboral tiene otro nombre y otro rostro y por eso es tan difícil de detectar, incluso por quienes lo sufren.
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Un problema que crece en silencio
Las llamadas a la Línea Nacional contra la Trata de Personas de Canadá alcanzaron un nivel récord el año pasado, con un aumento sostenido de casos relacionados con explotación laboral. Los reportes sobre tráfico laboral se multiplicaron en los últimos años: pasaron de ser un puñado de casos anuales a principios de esta década a más de cien solo en 2024. Y los expertos advierten que lo que se reporta es apenas una fracción de lo que realmente ocurre.
Los sectores más afectados son aquellos donde la mano de obra migrante es más común y más vulnerable: agricultura, pesca, construcción y hostelería. En muchos de esos entornos, los trabajadores dependen del empleador no solo para el salario, sino también para la vivienda, el transporte y, en algunos casos, su estatus migratorio en Canadá. Esa dependencia múltiple es exactamente el tipo de terreno donde el tráfico laboral prospera.
¿Por qué los latinoamericanos no lo reconocemos?
En México, Colombia, Perú, Guatemala o El Salvador, la expresión “tráfico de personas” está profundamente asociada a la trata sexual. Es lo que aparece en los noticieros, lo que advierten las campañas de prevención, lo que la gente entiende cuando escucha esas palabras. La explotación laboral, en cambio, suele verse como algo diferente: un jefe abusivo, un contrato incumplido, condiciones difíciles. Es injusto, sí, pero no necesariamente un delito grave.
Esa brecha conceptual tiene consecuencias reales. Un trabajador que lleva meses sin recibir su pago completo, que vive en condiciones que no eligió, que no puede moverse libremente y que siente que está en deuda con quien lo trajo a Canadá, puede estar viviendo exactamente lo que la ley canadiense define como tráfico laboral, y sin embargo no denunciarlo porque no lo identifica como tal. O porque tiene miedo de perder el permiso de trabajo. O porque siente vergüenza.
Amnistía Internacional documentó esta situación en un informe publicado a principios de 2025 con el título “Canadá me ha destruido”, basado en testimonios de trabajadores latinoamericanos que llegaron al país con contratos legítimos y terminaron en condiciones de explotación. La promesa de Canadá como destino seguro y ordenado fue, para muchos de ellos, parte de la trampa.
¿Cómo funciona la trampa?
El esquema más común comienza antes de que el trabajador ponga un pie en Canadá. Un reclutador, que en ocasiones puede ser alguien del mismo país de origen, factor que suscita confianza, ofrece un trabajo estable, bien remunerado y con papeles en regla. A veces cobra una tarifa por gestionar la oferta. Eso ya es ilegal en Canadá: los reclutadores no pueden cobrarle al trabajador. Pero quien viene desde afuera del país no lo sabe.
Al llegar, la realidad cambia. El trabajo es distinto al prometido, el salario es menor, las horas son más. La vivienda que “ofrece” el empleador tiene un costo que se descuenta del sueldo. El pasaporte queda “en custodia”. Cambiar de empleador, algo que los trabajadores temporales tienen restringido por ley, se vuelve casi imposible. Y sobre todo esto pesa una amenaza constante, a veces explícita, a veces apenas insinuada: si se quejan, los deportan.
Organizaciones como el Migrant Workers Centre de BC y el FCJ Refugee Centre en Toronto documentan casos así con regularidad. La mayoría nunca llega a los tribunales porque las víctimas temen el sistema más que a sus explotadores.
Las señales de alerta y cómo pedir ayuda
El gobierno federal canadiense y organizaciones especializadas identifican una serie de indicios que permiten reconocer una situación de tráfico laboral: el empleador retiene documentos de identidad, controla el lugar de residencia, impide la comunicación con familiares o amigos, amenaza con denunciar a migración, descuenta del salario gastos de vivienda o transporte sin haberlo acordado previamente, o exige trabajar muchas más horas de las pactadas bajo amenaza de consecuencias.
Quien se encuentre en esa situación, o quien conozca a alguien que podría estarlo puede comunicarse con la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-833-900-1010. El servicio está disponible las veinticuatro horas del día, es gratuito, confidencial y atiende en múltiples idiomas, incluyendo el español. Llamar no implica ningún riesgo migratorio: la línea no comparte información con autoridades de inmigración.
En síntesis: el tráfico laboral en Canadá afecta de manera desproporcionada a trabajadores migrantes, y la comunidad latinoamericana es especialmente vulnerable porque muchos no reconocen las señales de alerta. Conocer la diferencia entre explotación laboral y empleo difícil, entender los derechos que existen en Canadá independientemente del estatus migratorio, y saber adónde acudir puede marcar una diferencia enorme para quienes hoy mismo se encuentran atrapados en una situación que no eligieron.
Redacción de: Mauricio Navas Talero — LJI Reporter
