Si alguna vez se ha visto un cajero automático de criptomonedas en una tienda de conveniencia o en un centro comercial y se ha pensado quién lo usa, la respuesta que da el gobierno canadiense es inquietante: los usan, sobre todo, los estafadores. Como parte de su actualización económica de primavera, el gobierno de Carney anunció que planea prohibir estos aparatos en todo el país y convertir su operación en un delito penal.
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¿Por qué el gobierno prendió la alarma sobre estos cajeros?
Los cajeros de criptomonedas permiten depositar efectivo y convertirlo de inmediato en monedas digitales como Bitcoin, que se transfieren instantáneamente a billeteras virtuales. A diferencia de un banco, las transacciones son prácticamente irreversibles y el rastreo del dinero es muy difícil. Eso los convierte en el instrumento perfecto para quienes quieren recibir el producto de un fraude sin dejar huella clara.
Los estafadores han perfeccionado un esquema bien conocido: llaman a sus víctimas haciéndose pasar por funcionarios de la Agencia Tributaria (CRA), agentes del gobierno o representantes de empresas de tecnología. Les dicen que deben una deuda urgente y que la única forma de pagarla es a través de un cajero de criptomonedas. Las víctimas, frecuentemente adultos mayores, inmigrantes recientes o personas que no conocen bien el sistema financiero canadiense, obedecen sin saber que están entregando su dinero directamente a los criminales.
¿Qué tan extendido es el problema?
Canadá tiene uno de los mayores números de cajeros de este tipo en el mundo en proporción a su población: cerca de cuatro mil repartidos por todo el país, muchos de ellos en tiendas de conveniencia, gasolineras y farmacias. La agencia de inteligencia financiera del país, FINTRAC, señaló en un análisis interno que estos cajeros se habían convertido en el método preferido de los delincuentes para recoger y blanquear el dinero proveniente de sus víctimas.
Las pérdidas por fraude en Canadá durante el año pasado superaron los setecientos millones de dólares, y una parte significativa de esas pérdidas involucró cajeros de criptomonedas. La comunidad inmigrante, que suele ser blanco frecuente de este tipo de estafas, especialmente las que fingen ser de Inmigración Canadá o de la CRA es una de las más afectadas.
¿Qué pasa con quienes los usan legítimamente?
El gobierno reconoce que hay usuarios legítimos: personas que invierten en criptomonedas o que los utilizaban como una alternativa rápida para enviar dinero al extranjero. La prohibición no busca criminalizar el uso de criptomonedas en general, sino únicamente los cajeros físicos. Las plataformas en línea reguladas seguirán operando, aunque bajo mayor supervisión.
Para quienes enviaban remesas a través de estos cajeros, será necesario explorar alternativas. Existen plataformas digitales reguladas y reconocidas para envíos internacionales que ofrecen mayor protección y, en muchos casos, mejores tasas de cambio.
Esto, para algunos que se habían habituado a usar estos cajeros, puede no ser una noticia positiva, sin embargo el claro que el gobierno considera que estos dispositivos son un facilitador para que se cometan los crímenes mencionados. Este es un claro paso, en la búsqueda del gobierno de Carney y la austeridad que se ha propuesto. Canadá, claramente no se quiere permitir que sus ciudadanos pierdan tanto dinero y buscan atacar todos los frentes donde encuentran fugas, mucho más si se trata de proteger a poblaciones vulnerables.
Redacción de: Mauricio Navas Talero, LJI Reporter
