Desde el 1 de abril, una nueva interpretación de la Ley de Salud de Canadá, el marco legal que define cómo debe funcionar el sistema de atención médica en el país establece que los enfermeros practicantes, los farmacéuticos y las parteras ya no pueden cobrar a pacientes ni a seguros privados por servicios que el sistema público considera médicamente necesarios. El cambio refuerza uno de los principios fundacionales del sistema de salud canadiense: que la atención médica esencial debe estar disponible para todos sin importar su capacidad de pago.
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¿Qué es la Ley de Salud de Canadá y por qué importa?
La Ley de Salud de Canadá (Canada Health Act) es la legislación federal que establece las condiciones bajo las cuales el gobierno federal transfiere fondos a las provincias para financiar sus sistemas de salud. Las provincias que no cumplan con esas condiciones pueden ver reducidas las transferencias que reciben de Ottawa. El principio central de la ley es que los servicios médicamente necesarios deben ser accesibles para todos los residentes, sin cobros directos al usuario.
Durante años, la aplicación de esta ley se concentró principalmente en los médicos y los hospitales. Pero a medida que el sistema de salud canadiense ha incorporado a otros profesionales; enfermeros practicantes, farmacéuticos con nuevas facultades y parteras— surgió la pregunta de si esas figuras también estaban cubiertas por la restricción de cobros. La nueva interpretación del gobierno federal responde con claridad: sí lo están.
Qué significa esto en la práctica
Para los pacientes, el cambio implica que si un enfermero practicante; que en muchas clínicas actúa como médico de cabecera, ofrece una consulta o procedimiento cubierto por el plan de salud provincial, no puede cobrar una tarifa adicional por encima de lo que paga el sistema público. Lo mismo aplica a farmacéuticos que en algunas provincias están autorizados a diagnosticar condiciones menores, renovar recetas o administrar vacunas, y a las parteras que atienden partos.
Este punto es relevante para la comunidad inmigrante porque, en muchas ciudades canadienses con escasez de médicos de familia, los enfermeros practicantes son la primera y a veces única, puerta de entrada al sistema de salud. Quienes no tienen médico de cabecera asignado frecuentemente acuden a clínicas comunitarias atendidas por estos profesionales. Con la nueva interpretación, esas visitas no pueden tener ningún costo adicional para el usuario si están cubiertas por el sistema provincial.
Las provincias deben adaptar sus leyes o perder fondos federales
El gobierno federal advirtió que las provincias y territorios que no adapten su legislación de salud para alinearla con la nueva interpretación se exponen a que Ottawa retenga parte de las transferencias de salud. Ese mecanismo de presión ha sido usado antes; aunque pocas veces, para forzar cambios en las políticas provinciales. Las provincias tienen un plazo para ajustar su normativa, aunque el gobierno federal no publicó una fecha límite precisa al momento de lanzar la medida.
Para quienes viven en Canadá, especialmente en provincias donde los tiempos de espera para acceder a médicos de familia son largos Ontario, Columbia Británica y Alberta entre ellas, este cambio refuerza el derecho a recibir atención de profesionales de salud sin costo directo cuando esa atención es médicamente necesaria. En caso de que una clínica o profesional de salud intente cobrar un servicio que debería ser gratuito, es posible presentar una queja ante el ministerio de salud provincial correspondiente.
Redacción de: Mauricio Navas Talejo LJI Reporter
Fuentes:
Torys LLP, “Updates to the new interpretation of the Canada Health Act”, torys.com, marzo de 2026.
CBC News, “Cancer screening, vaccine wariness, family doctors: our health watch list for 2026”, 2026.
Health Canada, “Health Canada 2026–27 Departmental Plan”, canada.ca, 2026.
Maclean’s, “The Year Ahead: Health”, 2026.
