La decisión del gobierno de Alberta de limitar la cobertura gratuita de la vacuna contra la COVID-19 a determinados grupos ha generado crecientes cuestionamientos por parte de expertos en salud pública, organizaciones laborales y sectores de la oposición. Aunque la medida amplía parcialmente la elegibilidad para algunos trabajadores de la salud, muchos habitantes de la provincia continúan en la incertidumbre respecto a los costos y el acceso a la inmunización.
El gobierno provincial argumenta que la nueva política busca evitar el desperdicio, después de haber destinado alrededor de 135 millones de dólares en dosis no utilizadas en campañas anteriores. Según las autoridades, Alberta ha ordenado 485.000 dosis para el otoño, unas 250.000 menos que las administradas el año pasado.
Preocupación por el acceso y la implementación
Hasta el momento, no se han publicado detalles sobre las condiciones específicas que deberán cumplir los residentes para acceder gratuitamente a la vacuna. El plan contempla que las dosis estén disponibles únicamente en clínicas de salud pública, lo que deja fuera a las farmacias locales, tradicionalmente puntos clave de acceso.
Los expertos en enfermedades infecciosas advierten que la incertidumbre sobre la elegibilidad, las tarifas y los plazos de vacunación podría afectar la aceptación de la vacuna en la población, en un contexto donde la temporada de virus respiratorios está próxima a iniciar.
El costo estimado de cada dosis asciende a 110 dólares para quienes no califiquen dentro de los grupos prioritarios, lo que supone un gasto significativo para muchas familias. Además, persisten dudas sobre la coordinación entre la vacuna contra la gripe y la de la COVID-19, lo que genera mayor confusión entre los habitantes de Alberta.
Mientras tanto, la provincia asegura que la vacuna seguirá siendo voluntaria y que la entrega será gradual, aunque no ha precisado la cantidad exacta de personas que se beneficiarán de la cobertura gratuita.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
