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Propuestas de Cambio y Opacidad Gubernamental
El gobierno liberal de Canadá ha puesto sobre la mesa una serie de reformas al sistema de asilo del país, con la intención declarada de acelerar el proceso de deportación para aquellos solicitantes cuyas peticiones sean rechazadas.
Estas propuestas fueron presentadas discretamente en el presupuesto federal de 2024, coincidiendo con un incremento récord en el número de personas que solicitan asilo en Canadá.
El objetivo principal de estas enmiendas es simplificar y agilizar el proceso de solicitudes, lo que, según el gobierno, conduciría a decisiones más rápidas y remociones más eficientes. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre cómo se implementarán estos cambios ha generado incertidumbre y preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ha sido igualmente escueto en proporcionar información adicional sobre estas medidas, emitiendo una declaración que refleja lo establecido en el presupuesto. A pesar de la promesa de mejorar la eficiencia del sistema sin comprometer la equidad o la compasión hacia aquellos en necesidad de protección, la falta de transparencia ha suscitado cuestionamientos sobre el impacto real de las reformas propuestas.
Desafíos y Críticas Ante el Aumento de Solicitantes y el Hermetismo Oficial
Por otro lado, voces críticas, como la de la abogada de inmigración y refugiados Chantal Desloges, han expresado su preocupación ante la posible vulneración de los derechos de los solicitantes. Desloges advierte que los esfuerzos por “simplificar” y hacer más eficientes los procesos suelen traducirse en sacrificios de derechos individuales en favor de la eficiencia administrativa.
El incremento exponencial en el número de solicitudes de asilo, que ha alcanzado un 62% más respecto al año anterior, ha generado una acumulación significativa de casos pendientes, llegando a un total de 186,000 según datos del IRB. Este aumento, en parte vinculado a la crisis de vivienda en Canadá, ha exacerbado los tiempos de espera para los solicitantes de asilo y ha puesto de manifiesto los desafíos logísticos y administrativos que enfrenta el sistema.
La capacidad limitada de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para llevar a cabo las remociones de aquellos solicitantes cuyas peticiones han sido rechazadas o retiradas también ha sido objeto de críticas y preocupaciones. A pesar de las más de 28,000 “órdenes activas” emitidas hasta febrero de este año, el proceso de deportación sigue siendo un desafío.
El compromiso del gobierno federal de asignar $743.5 millones durante cinco años para abordar el backlog de solicitudes pendientes refleja el reconocimiento de la urgencia de la situación. Sin embargo, las propuestas de cambio en la Ley de Protección de Inmigrantes y Refugiados son solo una parte de una serie de medidas más amplias anunciadas por Ottawa, que incluyen desde la reinstauración del requisito de visa para los mexicanos hasta la introducción de límites en la cantidad de horas de trabajo para estudiantes internacionales.
A pesar de estos esfuerzos, el Ministro de Inmigración ha afirmado su negativa a modificar los criterios de asilo que podrían dificultar la permanencia de los solicitantes en Canadá, subrayando así la compleja tarea de conciliar eficiencia administrativa y humanitarismo en el sistema de asilo del país.
