Según un informe publicado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en los últimos dos años, el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado al menos 256 asociaciones vinculadas a la Iglesia evangélica o protestante, como parte de la clausura de más de 3.500 ONG en el país.
El estudio, titulado “Cierre del espacio cívico”, destaca que mientras el gobierno ha sido acusado de hostigar a la Iglesia católica, también ha afectado a los evangélicos con acciones de “hostigamiento y acoso”. De las organizaciones religiosas clausuradas o disueltas, 256 estaban asociadas a iglesias evangélicas, 43 a la Iglesia católica y otras 43 a diferentes congregaciones religiosas.
El informe señala que varios líderes evangélicos han sido identificados como afines al gobierno de Ortega, mientras que algunos de los obispos católicos han criticado abiertamente al gobierno. Monseñor Rolando Álvarez, uno de los críticos, actualmente se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 26 años por “traición a la patria”.
Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos, afirmó que hay una “persecución más silenciosa” hacia los evangélicos, ya que parte de su liderazgo apoya al gobierno y otros temen denunciar por miedo a represalias. Flores indicó que el gobierno ha cerrado gradualmente estas asociaciones evangélicas, retirándoles permisos legales y fondos del exterior, con 183 cierres ocurridos en 2022 de las 256 reportadas.
A pesar de estos cierres, la actividad religiosa continúa en distintas ciudades del país. Nicaragua cuenta con una población mayoritariamente creyente, con aproximadamente un 45% de católicos y otro porcentaje similar de evangélicos o protestantes, con una mayor presencia en zonas rurales.
El informe también destaca que entre 2019 y 2023, la Iglesia católica sufrió 1.200 agresiones. Varios sacerdotes y monjas fueron expulsados del país, y 12 religiosos, incluyendo al obispo Álvarez, fueron encarcelados con condenas que van desde 8 hasta 30 años de prisión.
Redacción de: Karen Rodríguez
