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sábado, noviembre 23, 2024
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Gobernadora de Arizona veta proyecto de ley fronterizo aprobado por la Legislatura

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La gobernadora demócrata Katie Hobbs ha vetado un proyecto de ley respaldado por los republicanos en Arizona que buscaba tipificar como delito el ingreso de no ciudadanos al estado desde México en cualquier lugar que no fuera un puerto de entrada oficial.

La legislatura controlada por los republicanos aprobó la medida a fines del mes pasado, pero Hobbs expresó en una carta dirigida al presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, que el proyecto planteaba preocupaciones constitucionales y podría llevar a costosos litigios. En la carta, Hobbs argumentó que la ley no garantizaba la seguridad fronteriza y tendría un impacto negativo en las comunidades y empresas del estado, así como en los recursos del sistema de justicia y aplicación de la ley.

Opinión de los republicanos

La senadora republicana Janae Shamp, patrocinadora del proyecto de ley, criticó el veto de Hobbs, calificándolo como un ejemplo del caos que supuestamente está causando la gobernadora en el estado y acusándola de ser cómplice de la administración Biden en la crisis fronteriza.

Este movimiento se produce en medio de un contexto político tenso, especialmente en estados como Texas, donde los republicanos han promovido políticas de inmigración más estrictas en el período previo a las elecciones presidenciales.

Arizona ya ha sido escenario de intentos anteriores por parte de legisladores republicanos de criminalizar la presencia de inmigrantes no autorizados en el país. En 2010, la Legislatura de Arizona aprobó un histórico proyecto de ley de inmigración que generó controversia nacional y enfrentamientos legales, aunque finalmente algunos de sus aspectos fueron desestimados por los tribunales.

Además, otra propuesta actual en la Legislatura de Arizona busca evitar posibles vetos de Hobbs al llevar la medida directamente a los votantes para su consideración como medida electoral. Esta propuesta requeriría que los municipios y condados que reciben fondos estatales para programas de asistencia social utilicen una base de datos federal para verificar el estatus migratorio de los beneficiarios.

Mientras tanto, la tensión política y las disputas sobre la inmigración continúan marcando el panorama legislativo y político en Arizona, con debates en curso sobre el enfoque adecuado para abordar esta compleja y delicada cuestión.

Redacción de: Karen Rodríguez A. 

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