Trabajadores del sector público de Ontario reclamaban de la ilegalidad del polémico Proyecto de Ley 124. Por esta norma, se limitaban los aumentos salariales de los empleados del servicio público de esta provincia, al uno por ciento al año. Este controvertido proyecto, fue aprobado por el gobierno conservador, el año 2019.
Tras escuchar las voces de protesta de colectivos que representan a millares de los empleados del sector público, que cuestionaban la constitucionalidad del Proyecto de Ley 124, un tribunal de Ontario, decidió anularlo. El juez, concluyó que la ley infringe los derechos de los solicitantes a la libertad de asociación y negociación colectiva.
Markus Kohenen, el juez responsable del caso, aseveró, que la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, protege no sólo el derecho a asociarse, sino también a un proceso significativo, a través del cual, los trabajadores y sus representantes pueden presentar los temas que les preocupan y pueden discutirlos en buena lid.
Por su parte, la administración provincial, argumentó que cuando implementó la nueva ley, se encontraba bajo una severa presión financiera. Asimismo, siempre afirmó que dicha ley, en su entendimiento, no infringía los derechos constitucionales. El gobierno, apelará la decisión, según el portavoz del Fiscal General de la provincia.
Muchos de los trabajadores del servicio público, como maestros, enfermeras y profesores universitarios, luchaban desde hace tiempo, por la derogación del Proyecto de Ley 124. Entendían, que entre otros perjuicios, dicha ley contribuyó a la crisis de atención médica en Ontario. Ahora, con el resultado de esa decisión judicial, los trabajadores exigen que el gobierno provincial respete la disposición del tribunal.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporter
