Esmeralda Domínguez estaba a unos 100 metros de su casa cuando soldados y policías la bloquearon en un pequeño puente, las autoridades habían esperado allí durante horas, Domínguez, comentaron los vecinos, fue la única persona a la que detuvieron.
Su tía, que vivía cerca, protestó. Domínguez no era un criminal, insistió, recitando las organizaciones comunitarias que dirigía o en las que participaba su sobrina. No importaba.
“Sabemos lo que estamos haciendo”, le explicó un soldado a la tía antes de subir a la joven a un camión. Se alejó, dejando su motocicleta negra al lado de la carretera.
Eso fue el 19 de abril. Nadie en su familia la ha visto desde entonces.
En las últimas 10 semanas, las fuerzas de seguridad de El Salvador han arrestado a más de 36.000 personas desde que el Congreso otorgó al presidente Nayib Bukele el poder de suspender algunas libertades civiles para perseguir a poderosas pandillas callejeras. Los legisladores extendieron esos poderes por otros 30 días la semana pasada, dado que, las encuestas de opinión pública mostraron un amplio apoyo popular.
No obstante, un número creciente de arrestos, como el de Domínguez, parecen arbitrarios o injustificados, alegan grupos de derechos humanos.
Cristosal, una organización no gubernamental, ha documentado más de 500 casos de arrestos arbitrarios desde que se impuso el estado de excepción el 27 de marzo, según su director Noah Bullock. Amnistía Internacional dijo el jueves que sus investigadores encontraron que miles de personas habían sido arrestadas sin cumplir con los requisitos legales.
