El proyecto de ley C-12, conocido como la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y Fronteras de Canadá, ya es ley. Las nuevas medidas de inmigración y asilo que contiene entraron en vigor en marzo de 2026 y representan el cambio más profundo al sistema migratorio canadiense en años recientes.
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¿Qué cambia con la Ley C-12?
La legislación amplía las causas por las cuales una persona puede ser declarada inadmisible en Canadá o perder su protección como refugiado. Ahora, quienes hayan cometido delitos graves en el extranjero, incluso si aún no han sido condenados formalmente, pueden ser sujetos de deportación más rápida. El gobierno también obtiene nuevos poderes para detener a personas cuya identidad no pueda verificarse.
Además, la ley establece medidas para acelerar la revisión de solicitudes de asilo rechazadas y agilizar los procedimientos de remoción. Esto responde directamente a las críticas de que el sistema tardaba demasiado en procesar casos pendientes, muchos de los cuales se prolongaban durante años.
¿Qué significa para los solicitantes de asilo legítimos?
Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el riesgo de que personas vulnerables que huyen de persecución real, sean afectadas por medidas diseñadas para combatir casos de abuso del sistema. El gobierno asegura que los refugiados reconocidos y quienes tienen solicitudes activas en trámite no serán afectados de forma automática. Esto, lo que quiere decir es que las personas que no tengan antecedentes de ninguna índole no serán afectadas.
¿Y para quienes están fuera de estatus?
La misma ley introdujo una nueva opción para residentes temporales que perdieron su estatus como trabajadores o estudiantes: ahora pueden solicitar restaurar su condición como visitante mientras regularizan su situación. Esta ventana representa un alivio para miles de personas que quedaron en situación irregular sin querer.
En síntesis: la Ley C-12 es un cambio de doble filo. Por un lado, endurece las condiciones para quienes hayan cometido delitos. Por el otro, abre nuevas opciones para quienes perdieron su estatus de forma involuntaria. Más de 25 organizaciones de derechos humanos advierten que viola la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, mientras activistas y juristas alertan que el país que alguna vez ganó el Premio Nansen de la ONU por su compromiso con los refugiados está cerrando sus puertas a quienes más necesitan protección. La Ley C-12 refleja una tensión irresuelta entre la seguridad fronteriza y los derechos humanos que ninguna ley por sí sola puede zanjar. Su verdadero impacto dependerá no solo de lo que dice en el papel, sino de cómo se aplique caso por caso.
Redacción de: Mauricio Navas Talero, LJI Reporter
