Una amplia coalición nacional de organizaciones de la sociedad civil ha expresado su oposición al nuevo proyecto de ley de seguridad fronteriza presentado por el gobierno liberal, advirtiendo que representa un grave riesgo para las libertades civiles y los derechos humanos en Canadá.
El Grupo Internacional de Monitoreo de Libertades Civiles, con sede en Ottawa, pidió al gobierno federal retirar la propuesta legislativa y sustituirla por una ley más específica que aborde únicamente problemas concretos relacionados con la frontera. La coalición incluye docenas de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos religiosos, ambientalistas, defensores de los derechos civiles y representantes de comunidades inmigrantes y refugiadas.
La legislación, presentada esta semana, otorgaría nuevos poderes a las autoridades, incluyendo la posibilidad de inspeccionar el correo postal, suspender o cancelar solicitudes de inmigración, y expandir las funciones de la Guardia Costera Canadiense para incluir tareas de seguridad e inteligencia.
¿Qué dice el Gobierno?
Según el gobierno, el objetivo de la iniciativa es fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el crimen organizado transnacional, frenar el tráfico de fentanilo y eliminar el lavado de dinero. El proyecto de ley ha recibido el respaldo de la Asociación Canadiense de Jefes de Policía y de organizaciones dedicadas a la protección infantil, que valoran las medidas para combatir el abuso en línea.
No obstante, el Grupo Internacional de Monitoreo de Libertades Civiles sostiene que el proyecto excede el propósito de la seguridad fronteriza al incorporar disposiciones que afectan el acceso a la inmigración, los derechos de privacidad y la supervisión de las fuerzas del orden. Entre las preocupaciones se incluyen las facultades otorgadas a Canada Post para registrar correspondencia, las restricciones al derecho de asilo, la falta de supervisión independiente sobre la Guardia Costera y cambios al Código Penal y a la ley del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá que facilitarían el acceso a datos personales sin orden judicial.
La coalición también cuestiona la obligación de proveedores de servicios electrónicos de colaborar con autoridades policiales y de inteligencia en la interceptación de comunicaciones, lo que podría comprometer la privacidad de los ciudadanos.
Durante el debate inicial en la Cámara de los Comunes, el Ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, defendió el proyecto y anunció que el gobierno emitirá una declaración explicativa sobre la compatibilidad de la ley con la Carta de Derechos y Libertades. Anandasangaree afirmó que la legislación busca fortalecer la respuesta frente a redes criminales sofisticadas y proteger tanto el sistema migratorio como los derechos fundamentales.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
