El Gobierno de Perú niega que en el país exista una “política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos” y aseguró que está dando “todas las facilidades” para que se investiguen las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en diciembre de 2022.
Un comunicado oficial lamentó “profundamente la pérdida de vidas humanas” en las protestas, sin embargo, señaló que “es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación de los derechos humanos ni lo que han denominado un racismo ‘sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”.
En el comunicado, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), se refirió directamente a un informe preliminar presentado por Amnistía Internacional (AI) y aseguró que el gobierno “aprecia el diálogo abierto” sostenido el pasado 15 de febrero entre la presidenta Dina Boluarte con representantes del organismo.
“El Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses”, sostuvo.
En ese sentido, insistió que “corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable”.
El MinjusDH también comunicó que “en forma paralela” a las investigaciones, en diciembre se creó una Comisión Multisectorial en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso de Perú.
