El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró oficialmente el jueves a Maduro como ganador de las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición. En su fallo, leído por la jueza presidenta Caryslia Rodríguez, el tribunal afirmó que había “certificado indiscutiblemente el material electoral” y validó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), declarando a Maduro vencedor con el 52% de los votos.
El anuncio llega en medio de una creciente crisis política en Venezuela, donde la oposición liderada por el candidato Edmundo González Urrutia ha rechazado rotundamente el veredicto. González Urrutia, de 74 años, publicó en sus redes sociales una imagen con la palabra “nulo” y aseguró que “la soberanía del pueblo no es transferible”, refiriéndose al fallo judicial.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha facilitado un desglose detallado de los resultados por distritos electorales, justificando su decisión con la afirmación de que había sido víctima de un ciberataque masivo el día de las elecciones. Según el Tribunal Supremo, existió “evidencia de un ataque cibernético” contra el sistema electoral, lo que ha sido utilizado como justificación para no publicar los resultados en su totalidad. No obstante, observadores internacionales y la oposición consideran esta explicación como una excusa para ocultar las verdaderas cifras y manipular el resultado final.
Reacciones internacionales y denuncias de fraude
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos. Un panel de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionó la imparcialidad del Tribunal Supremo y del CNE, afirmando en un comunicado que ambos órganos han jugado un papel clave en la “maquinaria represiva del Estado”. Human Rights Watch también condenó la decisión judicial, calificándola como un “burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral”, según afirmó Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de la organización.
La crisis post-electoral ha desatado una ola de violencia en el país. Hasta la fecha, el fiscal general de Venezuela ha informado que el número de muertos ha aumentado a 27 personas, mientras que más de 190 han resultado heridas y 2.400 han sido detenidas en las protestas que se han desatado en varias ciudades del país. Las manifestaciones se han intensificado en rechazo a lo que muchos consideran una elección manipulada por el gobierno de Maduro.
En medio de la creciente tensión, el parlamento venezolano, dominado por los aliados de Maduro, ha pospuesto el debate sobre una controvertida ley contra el “fascismo”. Esta ley ha sido vista por la oposición y sus críticos como una herramienta más para reprimir a los opositores políticos y consolidar el control del gobierno sobre la sociedad.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
