El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley el lunes que otorga poder a la policía estatal para detener a migrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Esta ley, que entrará en vigor en marzo, permite a cualquier agente policial detener a personas sospechosas de ingreso ilegal y llevarlas ante un juez estatal para ser ordenadas a abandonar el país.
La medida ha sido comparada con la polémica ley de Arizona de 2010, aunque su aplicación podría ser objeto de desafío legal por parte del gobierno federal debido a la competencia federal en asuntos migratorios. Los críticos han calificado la ley de Texas como un intento drástico de controlar la inmigración y han cuestionado su legalidad.
El gobernador Abbott, en la ceremonia de promulgación realizada frente a una sección del muro fronterizo, predijo una caída significativa en el número de personas que cruzan ilegalmente hacia Texas, aunque no presentó evidencia que respalde esa afirmación.
La ley llega en un momento en el que la Casa Blanca y los senadores están debatiendo sobre seguridad fronteriza, siendo los republicanos de Texas críticos de la gestión del gobierno federal sobre los 3.149 kilómetros de la frontera sur. Desde agosto de 2022, Texas ha trasladado a más de 65.000 migrantes a otras ciudades y recientemente ha instalado alambre de púas a lo largo del río Bravo, provocando lesiones a algunos solicitantes de asilo.
La reacción no se hizo esperar y la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas anunció que impugnará la ley en los tribunales y más de 20 legisladores demócratas pidieron al Departamento de Justicia federal que interponga una demanda para detenerla.
Además, México ha rechazado la ley, señalando que, si bien está obligado a aceptar la deportación de sus ciudadanos, no lo está para los migrantes de otros países. Bajo la nueva ley de Texas, los migrantes podrían ser enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
La polémica ley ha generado tensiones y preocupaciones sobre su alcance y aplicación, con críticos que acusan a los republicanos de Texas de utilizarla para presionar a la Corte Suprema federal a revisar su histórica decisión de 2012 sobre la iniciativa de Arizona. Mientras tanto, los defensores de la ley afirman que no tiene como objetivo perseguir a migrantes que residen en EE. UU. desde hace tiempo.
Esta ley, que pone a prueba los límites entre los poderes estatales y federales, se suma a un debate político más amplio sobre la migración y los esfuerzos por controlarla en los Estados Unidos.
Redacción de: Karen Rodríguez
