El Poder Judicial de Perú anunció que el expresidente Pedro Castillo enfrentará un juicio por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, por el que la fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión. Esta acusación se basa en los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Castillo también enfrenta paralelamente investigaciones por presunta corrupción durante su mandato, que incluyen casos de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la adjudicación indebida de contratos públicos.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tomó la decisión de continuar con el proceso judicial, desestimando la solicitud de sobreseimiento (archivo) presentada por la defensa del expresidente. La resolución del juez, que no puede ser apelada, establece que los argumentos presentados tanto por la fiscalía como por la defensa deberán ser contrastados en la etapa de juicio oral. Aún no se ha determinado la fecha del juicio, pero la etapa de control de pruebas ya está en curso.
El fallido golpe de Estado y la crisis política
Pedro Castillo, quien llegó al poder en 2021 como un profesor rural y líder sindical, intentó disolver el Congreso peruano el 7 de diciembre de 2022 en un intento de evitar su destitución mediante una votación parlamentaria. En su discurso televisado, Castillo anunció la disolución del Parlamento, la intervención del Poder Judicial y la convocatoria a una asamblea constituyente. Sin embargo, su intento de golpe fue rápidamente rechazado, y el Congreso lo destituyó por “permanente incapacidad moral” pocas horas después de su anuncio. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder ese mismo día.
Castillo fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y desde entonces permanece en prisión preventiva en una cárcel para expresidentes en Lima. La destitución de Castillo y la posterior asunción de Boluarte provocaron una ola de protestas en varias regiones del país, especialmente en el sur, con reclamos de nuevas elecciones y reformas políticas.
Además de Castillo, otros altos funcionarios de su gobierno también enfrentarán juicio. Entre ellos se encuentran sus ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, así como los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, y varios oficiales de la Policía Nacional del Perú. La fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel para Chávez y 15 años para Torres, quienes desempeñaron roles clave en el gobierno de Castillo.
El juicio por rebelión se llevará a cabo ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, debido al alto cargo que ocupó Castillo como presidente de la República.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
