El régimen de Daniel Ortega introdujo una polémica normativa que fuerza a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua a operar bajo un nuevo modelo de “alianzas de asociación” con entidades estatales. La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, anunció que esta reforma será aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el gobernante partido sandinista.
Según la nueva normativa, cada ONG deberá presentar propuestas de programas y proyectos a las entidades públicas pertinentes, las cuales tendrán la potestad de aceptarlas o rechazarlas. Solo después de que una propuesta sea ejecutada en su totalidad y cumpla con las leyes nicaragüenses, la ONG podrá proponer nuevas iniciativas.
Ola de represión contra ONG y clausuras masivas
Desde 2018, tras las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos según la ONU, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión contra las ONG. Acusando a algunas de ellas de financiar intentos de golpe de Estado promovidos por Estados Unidos, el régimen ha clausurado más de 3.600 organizaciones, incluyendo entidades humanitarias como la Cruz Roja Nicaragüense y diversas organizaciones benéficas católicas.
Estas clausuras son parte de un esfuerzo sistemático por reducir el espacio cívico y acallar las voces críticas en el país, afectando tanto a organizaciones locales como internacionales. El régimen ha impuesto requisitos cada vez más restrictivos para el funcionamiento de las ONG, incluyendo el control de financiamiento y la prohibición de realizar actividades sin aprobación gubernamental previa.
La represión del régimen también ha alcanzado a la Iglesia Católica, que ha sido una de las pocas instituciones que han alzado la voz contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El viernes, el sacerdote Danny García, de la Diócesis de Matagalpa, fue detenido por la Policía Nacional y el pasado fin de semana, otros dos sacerdotes, Leonel Balmaceda de la Diócesis de Estelí y Denis Martínez de la Diócesis de Matagalpa, también fueron arrestados junto a la laica Carmen Sáenz, colaboradora de la Curia Episcopal de Matagalpa. Las autoridades nicaragüenses no han emitido declaraciones oficiales sobre estos casos, en línea con su política de silencio frente a las denuncias de represión.
El endurecimiento de las leyes en Nicaragua refleja una tendencia cada vez más autoritaria en el país, donde las libertades civiles y el derecho a la libre asociación se ven gravemente restringidos. Las organizaciones de derechos humanos advierten que estas medidas buscan consolidar el poder del régimen de Ortega, silenciando cualquier forma de disidencia y restringiendo aún más el acceso de la población a servicios y apoyo brindado por las ONG.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
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