El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instalado al gobierno canadiense a derogar el componente del programa de asistencia médica para morir (MAID) conocido como “Track 2”, que permite a personas con discapacidades físicas permanentes, pero no terminales, solicitar la muerte asistida.
En un informe presentado el mes pasado en una reunión del comité en Ginebra, se expresó “profunda preocupación” por la expansión del programa en 2021, argumentando que puede poner en peligro los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, particularmente de mujeres, personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El comité también recomendó la creación de un organismo federal independiente de vigilancia para supervisar el programa MAID, investigar denuncias y comprender las causas estructurales que llevan a los solicitantes a considerar esta opción.
Según el informe, muchas personas con discapacidad recurren al programa no por un sufrimiento físico ineludible, sino por la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, vivienda, empleo o asistencia social. Charlotte-Anne Malischewsk, presidenta de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, advirtió que algunas personas se sienten forzadas a elegir la muerte por no contar con otras alternativas viables.
Una ley controvertida pero respaldada por el gobierno
El programa MAID Track 2 fue implementado tras una decisión judicial que permitió a personas con enfermedades no terminales acceder al mismo derecho que quienes enfrentan diagnósticos fatales. Según datos de Health Canada, solo el 4% de las más de 15.000 personas que recurrieron a MAID en 2023 lo hicieron bajo esta vía.
Health Canada, sin embargo, aseguró que no tiene intención de derogar el programa. En una declaración a CTVNews.ca, la agencia afirmó que el marco legal ha sido diseñado con “salvaguardas reforzadas” para proteger el valor de cada vida humana. Entre estas medidas se incluye informar a los solicitantes sobre alternativas terapéuticas, servicios comunitarios y cuidados paliativos antes de autorizar la solicitud. El gobierno canadiense también indicó que revisará el informe de la ONU y sus recomendaciones, aunque hasta ahora ha mantenido su respaldo al programa actual.
El debate en Canadá sobre MAID continúa siendo complejo y profundamente ético. Mientras el gobierno federal defiende las libertades individuales y los derechos a una muerte digna, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos advierten que, en contextos de desigualdad, ofrecer la muerte puede dejar de ser una elección libre y convertirse en una imposición silenciosa.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
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