Un juez federal en Texas ha suspendido temporalmente una política clave de la administración Biden que permitiría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal obtener la residencia sin salir del país. La decisión del juez J. Campbell Barker, emitida el lunes, es el resultado de una demanda presentada por 16 estados, liderados por Texas y otros estados republicanos, que desafían el programa, argumentando que este perjudica a los contribuyentes y a los sistemas de salud y seguridad.
El programa de la administración Biden, anunciado en junio de 2024, estaba diseñado para beneficiar a aproximadamente 500.000 inmigrantes, además de 50.000 de sus hijos, al permitirles permanecer en Estados Unidos mientras solicitaban la tarjeta verde. Tradicionalmente, los inmigrantes en esta situación debían regresar a sus países de origen y esperar durante años, enfrentando la posibilidad de no ser readmitidos en Estados Unidos.
La suspensión del programa, que podría extenderse más allá de las dos semanas iniciales, llega justo después de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzara a aceptar solicitudes para este proceso. El juez Barker, designado por el expresidente Donald Trump, señaló que la complejidad del caso requiere un análisis más profundo antes de tomar una decisión definitiva.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre la suspensión, pero organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en las familias afectadas. Karen Tumlin, fundadora del Justice Action Centre, subrayó la importancia de evitar que Texas determine el destino de cientos de miles de familias estadounidenses e inmigrantes sin considerar las realidades que enfrentan.
¿En qué consiste el programa de Biden?
El programa ha generado una intensa controversia política en medio del año electoral, con republicanos denunciando que la política de Biden es esencialmente una forma de amnistía. Según el plan, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad, ni tener antecedentes penales descalificadores, y haber estado casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio. Además, se requiere que paguen una tarifa de $580 y presenten una solicitud detallada que incluya documentos que prueben su tiempo de residencia en el país.
Si se aprueba la solicitud, los solicitantes tendrían tres años para solicitar la residencia permanente, y durante ese tiempo podrían obtener autorización para trabajar en Estados Unidos.
La decisión final del juez Barker podría tener implicaciones significativas no solo para las familias afectadas, sino también para el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, ya que la inmigración sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la agenda nacional.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
