Jóvenes canadienses llevan al Gobierno federal a juicio por su respuesta al cambio climático
Quince jóvenes canadienses iniciaron un juicio contra el Gobierno federal para cuestionar si las medidas adoptadas frente al cambio climático son suficientes para proteger sus derechos constitucionales. El proceso, que se desarrolla en Vancouver, forma parte del caso conocido como La Rose contra Su Majestad el Rey, una demanda presentada en 2019. Los demandantes sostienen que las decisiones gubernamentales y la falta de medidas adecuadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen a agravar los riesgos climáticos que afectan sus vidas.
Los jóvenes argumentan que las políticas climáticas del país vulneran los derechos protegidos por la sección 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Entre sus solicitudes está que el tribunal determine si el Gobierno tiene obligaciones constitucionales relacionadas con la protección de la población frente a los efectos del cambio climático y que adopte medidas para reducir las emisiones y cumplir sus compromisos climáticos.
La demanda comenzó hace siete años y tuvo que superar distintas etapas judiciales. Inicialmente fue desestimada, pero en 2023 un tribunal federal de apelaciones permitió que avanzara hacia un juicio.
Incendios, inundaciones y calor extremo forman parte de los argumentos
Los demandantes buscarán demostrar que los efectos del cambio climático ya han provocado daños concretos, y que no se trata únicamente de riesgos futuros. Entre los impactos que prevén presentar ante el tribunal figuran problemas respiratorios agravados por el humo de los incendios forestales, desplazamientos causados por fenómenos meteorológicos extremos, afectaciones a la salud mental y pérdidas relacionadas con las prácticas culturales y los territorios de comunidades indígenas.
El proceso incluirá testimonios de los jóvenes y pruebas de especialistas en ciencias climáticas, salud infantil, energías renovables, economía y conocimientos indígenas. Los demandantes sostienen que Canadá ha establecido objetivos de reducción de emisiones que no ha logrado cumplir de manera suficiente.
Los objetivos climáticos nacionales contemplan reducir las emisiones entre un 40 % y un 45 % para 2030, respecto de los niveles de 2005. Sin embargo, el Gobierno del primer ministro Mark Carney ha reconocido que el país podría no alcanzar esas metas.
La posición del Gobierno es que el cambio climático constituye un problema global que no puede resolverse únicamente mediante las acciones de Canadá. La defensa sostiene que no se debería imponer al país una obligación constitucional cuyo cumplimiento depende también de las decisiones de otros Estados. El juicio está previsto que continúe hasta finales de noviembre, mientras que los argumentos finales se presentarán en febrero de 2027.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
